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Una jueza federal en Maryland ha lanzado un contundente ultimátum a la administración del presidente Donald Trump, ordenando el retorno inmediato del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error y actualmente permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en El Salvador. En una audiencia pública, la magistrada Paula Xinis fue tajante: “No se tolerarán más juegos”.

El caso ha escalado en las últimas semanas y se ha convertido en un símbolo del caos y la arbitrariedad en las políticas migratorias impulsadas por el gobierno estadounidense, con crecientes implicaciones diplomáticas entre Washington y San Salvador.

¿Quién es Kilmar Ábrego García y qué ocurrió?
Kilmar Ábrego García es un salvadoreño de 29 años que vivía en Maryland desde 2011 junto a su esposa, ciudadana estadounidense, y sus hijos. En 2019, recibió protección judicial frente a una posible deportación, debido al riesgo de persecución si regresaba a su país.

A pesar de esa orden, fue detenido por ICE en marzo de 2025 y, en un proceso irregular, deportado a El Salvador. A su llegada, fue arrestado por las autoridades salvadoreñas bajo acusaciones sin pruebas de vínculos con pandillas, y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad duramente criticada por organizaciones de derechos humanos.

La jueza exige cumplimiento y acusa desobediencia
Ante la negativa del gobierno de Trump a cumplir con una orden judicial previa que exigía facilitar el retorno de Ábrego, la jueza Xinis fue clara: “No permitiré que el poder ejecutivo ignore una decisión judicial sin consecuencias.”

Durante la audiencia, cuestionó duramente a los abogados del Departamento de Justicia, acusando a la administración de actuar con “desprecio por el estado de derecho” y advirtió que podrían iniciarse acciones por desacato si el gobierno continúa evadiendo su responsabilidad.

Un conflicto que ya es diplomático
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha rechazado facilitar el retorno de Ábrego, alegando que no tiene autoridad para liberar a un detenido bajo régimen carcelario especial. También calificó de “absurda” la presión desde Washington y defendió su política de seguridad como asunto soberano.

Desde Estados Unidos, varios congresistas —especialmente del partido demócrata— han exigido a la Casa Blanca tomar medidas firmes para garantizar la repatriación de Ábrego, argumentando que su detención actual es producto de un error del propio gobierno estadounidense.

¿Qué puede pasar ahora?
El caso sigue abierto y podría:

Escalar a la Corte Suprema, si el gobierno sigue desobedeciendo las órdenes.

Provocar sanciones diplomáticas o suspensión de acuerdos con El Salvador.

Generar un precedente legal sobre la responsabilidad del Estado en deportaciones erróneas.

Mientras tanto, la familia de Ábrego sigue luchando por su liberación, temiendo por su salud y seguridad dentro de una de las cárceles más duras del continente.

Conclusión: una batalla legal por justicia y dignidad
Lo que comenzó como un error administrativo ha derivado en una lucha entre poderes, países y principios fundamentales del derecho. La exigencia de la jueza Xinis no es solo por una persona, sino por el respeto al debido proceso, a las instituciones y a la humanidad de quienes migran.

El mensaje ha sido claro: “no se tolerarán más juegos” cuando la vida de una persona —y la credibilidad de la justicia— están en juego.