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El Congreso de Perú aprobó recientemente una controvertida ley de amnistía que perdonará a centenares de policías y militares acusados —y en algunos casos condenados— por violaciones a los derechos humanos cometidas durante los años más violentos del conflicto interno que azotó al país entre las décadas de 1980 y 2000.

La medida ha generado una fuerte polarización en la sociedad peruana y reavivado heridas que, para muchos, aún no han sanado. Sus defensores argumentan que se trata de un paso necesario para cerrar un capítulo doloroso, reparar injusticias judiciales y reconocer que en la lucha contra el terrorismo se actuó en condiciones extremas. Para ellos, la ley es un acto de reconciliación nacional.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, familiares de las víctimas y diversos sectores políticos denuncian que esta amnistía envía un mensaje peligroso: que los crímenes de lesa humanidad pueden quedar impunes. Señalan que el perdón generalizado ignora la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, y que podría sentar un precedente que debilite el sistema judicial y el respeto a los derechos fundamentales.

La aprobación de la norma también ha despertado preocupación en organismos internacionales, que advierten que Perú podría estar incumpliendo tratados y compromisos asumidos ante instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras el país se divide entre quienes ven la amnistía como una deuda pendiente con quienes defendieron la nación y quienes la consideran una traición a la memoria de las víctimas, una pregunta persiste: ¿es posible construir paz y unidad sobre la base del olvido y la impunidad?

En última instancia, la polémica ley deja en evidencia que el Perú sigue atrapado en un difícil equilibrio entre la justicia y la reconciliación, y que, a pesar del tiempo transcurrido, las heridas de su pasado reciente aún laten con fuerza.