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En una decisión que ha generado preocupación entre juristas y defensores de derechos humanos, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló recientemente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma con más de dos siglos de antigüedad, para justificar la deportación de cientos de migrantes venezolanos.

La administración de Donald Trump invocó esta ley para realizar expulsiones rápidas hacia El Salvador, país con el que firmó un acuerdo bilateral de cooperación migratoria. Esta interpretación legal ha encendido el debate sobre hasta qué punto se puede utilizar una norma pensada para tiempos de guerra en contextos migratorios modernos.

¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798?
Formalmente conocida como la Alien Enemies Act, esta ley fue aprobada en el marco de las Leyes de Extranjería y Sedición de 1798, durante el gobierno de John Adams. Originalmente, su objetivo era permitir la detención, vigilancia o deportación de ciudadanos de países enemigos en caso de guerra declarada.

Aunque las otras tres leyes del paquete fueron derogadas hace tiempo, la Alien Enemies Act sigue vigente. Su texto autoriza al presidente de EE.UU. a “detener, restringir, o expulsar a cualquier extranjero mayor de 14 años de un país con el que EE.UU. se encuentre en conflicto armado”.

¿Cómo la está usando el gobierno de Trump?
Trump ha justificado su uso de la ley argumentando que el régimen de Nicolás Maduro representa una “amenaza a la seguridad nacional”, y ha equiparado a los migrantes venezolanos sin estatus legal con “enemigos extranjeros” en tiempos de guerra, aunque no haya un conflicto bélico declarado.

A través de esta legislación, su administración ha podido:

Deportar a cientos de venezolanos sin proceso judicial completo.

Omitir audiencias de asilo o apelaciones bajo la figura de “peligro inminente”.

Realizar traslados masivos a El Salvador, en virtud de acuerdos migratorios firmados con Nayib Bukele.

La posición de la Corte Suprema
Con una votación de 5 a 4, el máximo tribunal determinó que la interpretación de la ley es constitucional, al no requerir guerra declarada formal, sino “condiciones que puedan considerarse hostiles para la seguridad de Estados Unidos”.

La mayoría conservadora sostuvo que la medida está dentro de las facultades ejecutivas del presidente en materia de inmigración y seguridad. La minoría liberal, sin embargo, advirtió que esta aplicación crea un precedente peligroso, al permitir detenciones y deportaciones sin garantías procesales mínimas.

Reacciones y consecuencias
La decisión ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos, abogados de inmigración y líderes latinoamericanos:

La ACLU calificó el fallo como “una licencia legal para el abuso ejecutivo”.

Human Rights Watch denunció la medida como una forma de “deportación arbitraria disfrazada de legalidad”.

El gobierno interino venezolano en el exilio calificó la acción como “una traición a quienes huyen de una dictadura”.

Familias enteras han sido separadas, y muchos deportados no tienen vínculos ni redes de apoyo en El Salvador. Algunos incluso nunca habían pisado ese país, pero fueron enviados allí por convenios entre gobiernos.

¿Qué puede pasar ahora?
Aunque la ley sigue vigente y su aplicación fue validada por la Corte, el Congreso podría modificarla o derogar su uso en contextos migratorios. Sin embargo, dada la mayoría republicana en ambas cámaras, eso parece improbable a corto plazo.

Mientras tanto, la Ley de 1798, pensada para los conflictos del siglo XVIII, sigue marcando el destino de miles de migrantes del siglo XXI, en una de las aplicaciones más controversiales de la historia reciente del derecho estadounidense.