En la mañana del 18 de julio de 1994, hace 30 años, un coche bomba destruyó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el principal centro comunitario de la colectividad judía en Buenos Aires.

El ataque, ocurrido apenas dos años después de la voladura de la embajada israelí en la misma cuidad, fue el peor atentado en la historia de Argentina.

85 personas murieron y cerca de 300 resultaron heridas.

Sin embargo, tres décadas más tarde, todavía nadie ha sido arrestado o juzgado por el crimen, que es considerado uno de los ejemplos más grandes de impunidad que tiene el país.

Recién este año la justicia argentina dio por probado quién estuvo detrás del ataque, en un proceso que investigó el encubrimiento de los primeros funcionarios judiciales y gubernamentales que estuvieron a cargo de la llamada “causa AMIA”.

La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, determinó en un fallo en abril pasado que Irán lo ordenó y que fue perpetrado por la organización armada islamista Hezbolá.

También declaró al atentando un crimen de lesa humanidad, al determinar que se cometieron “graves violaciones a los derechos humanos”.

De esta forma, los delitos fueron considerados imprescriptibles, lo que permitirá a los familiares de las víctimas seguir buscando justicia.

La semana pasada, el gobierno de Javier Milei presentó un proyecto de ley para habilitar los juicios en ausencia, hoy prohibidos por la legislación argentina.

“Hace 30 años volaron la AMIA los iraníes. No pueden ir presos porque están prófugos y escondidos, pero no se puede hacer nada. Esta ley nos va a permitir juzgarlos igual", señaló el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

"Vamos a hacer el juicio y con todas las pruebas podremos mandar una orden de captura internacional”, agregó, al presentar la iniciativa desde la Casa Rosada, junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Dos presidentes acusados y un juez condenado

El caso AMIA no es solo ejemplo de impunidad porque no se ha juzgado a los responsables del ataque.

También lo es porque quienes sí han sido juzgados -y condenados- han sido el juez y los fiscales que llevaron la causa judicial original, que investigó a los argentinos que supuestamente colaboraron con los autores del atentado.

En 2019, el magistrado Juan José Galeano fue sentenciado a seis años de prisión por haber usado dinero del Estado para pagar a testigos falsos para que acusaran a un grupo de policías de ser la "conexión local" del ataque (el fallo de este año de la Cámara Federal de Casación redujo la condena a cuatro años).

En 2019 también se condenó a los fiscales de la causa y a los principales responsables del aparato de inteligencia que operó cuando ocurrió el atentado en 1994, con el argumento de que en vez de investigar intentaron encubrir lo ocurrido.

Incluso el presidente de entonces, Carlos Menem (1989-99), fue acusado de desviar la investigación, presuntamente exigiéndole al juez que no ahondara en la llamada "pista siria", que involucraba a un empresario cercano a su familia.

Sin embargo, Menem fue absuelto de ese delito.

Pero no solo quienes dirigían el país cuando ocurrió el atentado han sido salpicados por la mancha negra que es el caso AMIA.

En 2023, la Cámara Federal de Casación ordenó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-15) sea juzgada, acusada de haber firmado un pacto con los presuntos agresores para garantizar su impunidad.

Los responsables

Según la justicia argentina, el atentado fue ejecutado por el grupo militante chiita Hezbolá, de origen libanés, bajo órdenes de Irán, algo que ese país siempre ha negado.

El primero que acusó a Irán de estar detrás del atentado fue un exdiplomático de ese país llamado Manoucher Motamer, quien luego sería señalado como agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

Poco tiempo después del ataque, Motamer acusó a funcionarios de la embajada iraní en Buenos Aires de organizarlo.

La acusación fue replicada por los gobiernos de EE.UU. e Israel, quienes señalaron a Hezbolá como el autor material del ataque.

Hezbolá ya había sido consideradao responsable por la justicia argentina de haber estado detrás del atentado con cochebomba contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que ocurrió en 1992 y dejó 22 víctimas fatales y más de 200 heridos.

Sin embargo, el llamado "juicio por el atentado de la AMIA", que comenzó en Buenos Aires en septiembre de 2001, no se enfocó en Hezbolá o Irán, sino en la "conexión local".

Ese juicio terminó en escándalo cuando se reveló que los imputados fueron falsamente acusados. La causa fue declarada nula y todos quedaron absueltos en 2004.

El juez Galeano, que había sido removido del caso en pleno proceso judicial, fue destituido en 2005 y fue enviado a juicio años después, junto con Menem y otros funcionarios.

Mientras la causa judicial para determinar a los posibles cómplices locales terminaba de forma tan ignominiosa, la investigación de los responsables internacionales tampoco avanzaba.

En agosto de 2003, Argentina pidió la extradición del exembajador iraní en ese país, Hade Soleimanpour, quien estaba en Reino Unido.

Tres meses después del pedido, Londres lo rechazó por falta de evidencias.

Nisman

Tras la anulación del juicio que se centró en la conexión local, el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) decidió crear una fiscalía especial para investigar lo ocurrido en la AMIA.

Kirchner puso a cargo de esa investigación a Alberto Nisman, quien venía trabajando como fiscal en la causa AMIA desde 1997 (y fue el único que no fue acusado de encubrimiento).

Fue Nisman quien se concentró en la llamada "pista iraní", basándose en información que recibía de los servicios secretos de EE.UU. e Israel.

En octubre de 2006 Nisman acusó formalmente a Irán de estar detrás del atentado y a Hezbolá de ejecutarlo y pidió la captura de los responsables.

Un año después, la Interpol accedió al pedido argentino y emitió órdenes de detención (conocidas como "notificaciones rojas") para cinco exfuncionarios iraníes:

Irán, que siempre ha acusado a EE.UU. e Israel de involucrar a Argentina en un complot en su contra e incluso ha sostenido que el ataque contra la AMIA fue un "autoatentado" israelí, se ha negado a entregar a los sospechosos y tampoco ha permitido que sean interrogados.

El "memorándum de entendimiento"

El laberinto sin fin que es el caso AMIA volvió a tomar un giro inesperado tras la llegada al poder de Cristina Kirchner en 2007.

En septiembre de 2009 la jefa de Estado exhortó a Irán a que extraditara a los exfuncionarios cuestionados durante un discurso que dio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, tres años más tarde, durante su segundo mandato, la presidenta sorprendió con el anuncio de una nueva estrategia para llevar ante la justicia a los iraníes sospechados.

Kirchner dijo que firmaría un "memorándum de entendimiento" con Irán para intentar avanzar en la causa.

Este pacto, que fue firmado en enero de 2013 en Etiopía, preveía la creación de una Comisión de la Verdad integrada por cinco juristas internacionales (dos elegidos por cada país y un quinto consensuado) para analizar las investigaciones sobre el atentado.

También estipulaba que la Justicia argentina podría interrogar en Irán a los cinco imputados que están requeridos por Interpol.

Un mes más tarde, el Congreso argentino -con mayoría kirchnerista- aprobó el acuerdo, dándole rango de tratado internacional. Pero el Parlamento iraní nunca trató el asunto, por lo que el pacto no entró en vigencia.

No obstante, eso no evitó la controversia que generó el memorándum: tanto las entidades representativas de la comunidad judía como todos los partidos de oposición rechazaron el acuerdo.

La Justicia les dio la razón a estos críticos y, en mayo de 2014, declaró el memorándum inconstitucional por considerar que la justicia argentina estaba renunciando a su propia jurisdicción para juzgar a los iraníes en una comisión extrajudicial.

Acusación y muerte

Pero la verdadera controversia explotó casi un año después, a comienzos de 2015, cuando el fiscal especial Nisman acusó a la presidenta, al canciller Héctor Timerman y a otros funcionarios de haber buscado encubrir a los autores iraníes del atentado a través del memorándum.

Nisman presentó una denuncia judicial, basada en escuchas realizadas por agentes de inteligencia argentinos, que afirmaba que el pacto con Irán buscaba el levantamiento de las notificaciones rojas de Interpol.

Según el fiscal especial, Argentina, que atravesaba una crisis energética, habría accedido a negociar la impunidad de los iraníes a cambio de petróleo y otros acuerdos económicos.

Kirchner y el resto de los acusados siempre negaron que esto fuera cierto y aseguraron que el pacto no contemplaba eliminar los pedidos de captura de Interpol.

Aunque la justicia argentina originalmente desechó la denuncia de Nisman, todo cambió después del 18 de enero de 2015.

Ese día fue hallado sin vida, con un tiro en la cabeza, el fiscal Nisman, quien 24 horas más tarde debía presentarse ante el Congreso para mostrar las evidencias con las que fundamentaba su acusación.

Su muerte, originalmente catalogada como un suicidio, fue declarada homicidio años más tarde.

El rabino que presidió el sepelio de Nisman en 2015 dijo que este había sido "la víctima 86 del atentado de la AMIA". No obstante, varios de los familiares de los muertos en ese ataque rechazaron tajantemente esas palabras y, por el contario, se mostraron muy críticos hacia el trabajo del fiscal.

La presidenta de la organización Memoria Activa, Adriana Reisfeld, le dijo a BBC Mundo que el fiscal había sido "un obstáculo" para llegar a la verdad, y aclaró que no apoyaba su denuncia contra Kirchner.

En 2016, un año después de que la entonces mandataria fuera sucedida en el poder por Mauricio Macri, la justicia reabrió la denuncia de Nisman y en marzo de 2018 envió la causa por presunto encubrimiento a juicio oral.

¿Se hará justicia?

A 30 años del peor atentado en suelo argentino, los familiares de las víctimas siguen esperando.

En una entrevista con la BBC en 2015, el entonces canciller Timerman -quien falleció a finales de 2018- remarcó por qué es tan difícil lograr avances en la causa AMIA.

"Creemos que alguna gente en Irán cometió un crimen en Argentina, (pero) hay una ley que dice que ningún iraní será extraditado a otro país", señaló, justificando la decisión de su gobierno de negociar con Teherán.

El gobierno de Macri, opuesto políticamente al kirchnerismo, coincidió que estas limitaciones hacían prácticamente imposible juzgar a los responsables.

El 18 de julio de 2019, el entonces presidente conmemoró el 25 aniversario del ataque con la firma de tres decretos. Uno oficializó esa fecha como día de Duelo Nacional en homenaje a las víctimas. Otro permitió una indemnización para una decena de exempleados de la AMIA.

Pero el más significativo fue el que creó el primer registro de "personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento", en el que se incluyó a Hezbolá.

El registro, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, tiene como fin "facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento".

Patricia Bullrich, quien también era ministra de Seguridad durante el gobierno de Macri, dijo en ese momento que esto representaba una "condena simbólica", a falta de una condena judicial.

Sin embargo, al cumplirse el 30 aniversario, la funcionara ahora apuesta a que se logre una sentencia.

Al presentar el proyecto legislativo que busca incorporar la figura del juicio en ausencia al Código Penal argentino, Bullrich afirmó: "Esta es una respuesta del presidente Javier Milei a la sociedad argentina que todos los días siente que hay impunidad”.

No obstante, no todos están de acuerdo con que esta propuesta traerá la tan buscada justicia.

De hecho, el proyecto divide opiniones entre la comunidad judía.

“Dicen que la investigación queda paralizada y no se puede avanzar en la búsqueda de la verdad sin juicio en ausencia. Es falso. Se pueden seguir buscando pruebas y se debe avanzar hacia la verdad plena”, señaló durante la conmemoración del atentado en 2023 el abogado de Memoria Activa, Rodrigo Borda.

Algunos incluso cuestionan las evidencias que apuntan a Irán y consideran que un juicio podría cerrar la posibilidad de abrir nuevas investigaciones.

"La base del cuestionamiento es que no hay en el expediente pruebas concretas, sino únicamente informes de inteligencia", escribió recientemente en el diario Página 12 el periodista Raúl Kollmann, experto en el caso AMIA.

Según Kollman, la propuesta del juicio en ausencia "parece un proyecto para cerrar el caso AMIA con una condena a Irán, algo que está en sintonía con las derechas más belicistas de EE.UU. e Israel", los dos principales socios internacionales del gobierno de Milei.

El periodista resaltó que "hoy en día no hay ningún impedimento para investigar y sin embargo no sabemos ni de dónde salieron los explosivos ni dónde se armó la camioneta que explotó en AMIA ni quién fue el conductor suicida ni cómo entró al país".

Fuente: www.bbc.com

Link: https://www.bbc.com/mundo/articles/cml2v4vvlezo