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Desde que la administración de Donald Trump reconfiguró la relación con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a principios de 2026, el petróleo venezolano ha vuelto a protagonizar la escena internacional. La estrategia de Washington no solo ha implicado reactivar la industria energética local, sino también **comercializar el crudo en los mercados globales y canalizar los ingresos hacia el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, según declaraciones oficiales y reportes recientes.

¿Cómo funciona el mecanismo de ventas?

Tras el cambio en la administración venezolana, el gobierno estadounidense habilitó la venta de petróleo que antes estaba sujeto a sanciones, permitiendo que se comercialice en el mercado global. El secretario de Energía de EE. UU. ha confirmado que desde entonces las ventas han superado los 1.000 millones de dólares, y proyectan hasta 5.000 millones más en los próximos meses, con la expectativa de continuar aumentando los ingresos. Parte de ese crudo se procesa en refinerías estadounidenses antes de su venta internacional.

Para gestionar los ingresos de forma segura, se estableció un fideicomiso o estructura financiera internacional —en países como Qatar— donde se depositan inicialmente los fondos generados por la venta del petróleo. Esto se hace para protegerlos de embargos judiciales o reclamos por deudas de Venezuela en EE. UU. y otras jurisdicciones. A partir de ahí, el dinero se transfiere a bancos venezolanos para su uso autorizado.

¿Recibe dinero directamente el gobierno de Delcy Rodríguez?

Sí. Aunque EE. UU. controla inicialmente la venta, los ingresos finalmente se entregan al gobierno interino venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez. Parte de esos fondos ha sido depositada en cuentas del Banco Central de Venezuela y utilizada para vender divisas en subastas del mercado cambiario, así como para financiar importaciones de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. Según estimaciones, el esquema prioriza sectores críticos, con una distribución que podría destinar la mayoría de los recursos a necesidades básicas, mientras una fracción menor va a sectores productivos y hogares.

Además, altos funcionarios estadounidenses han señalado ante el Congreso que el manejo de estos ingresos se hace bajo supervisión de Washington para asegurar que se utilicen “en beneficio del pueblo venezolano”. Se ha explicado que se requiere un proceso de auditoría y supervisión, y que parte de los fondos podrían llegar a servicios públicos como salud o seguridad, aunque los detalles completos aún no han sido totalmente transparentes.

¿Por qué este enfoque?

La estrategia de comercialización del petróleo y el control de los ingresos responde tanto a intereses económicos como geopolíticos. Para EE. UU., manejar la venta del crudo venezolano puede estabilizar el mercado energético y, al mismo tiempo, fortalecer una administración aliada en Caracas. Por su parte, el gobierno de Delcy Rodríguez recibe recursos que —según sus autoridades— ayudan a sostener funciones del Estado y garantizar divisas en un momento de estrechez fiscal.

Un proceso todavía en evolución

Aunque ya se han registrado ventas y transferencias, muchos aspectos del mecanismo financiero y legal —como la supervisión, la transparencia en el uso de los fondos y las implicaciones jurídicas internacionales— siguen siendo objeto de debate y escrutinio en Washington y Caracas.