En México, al menos el 40% de los detenidos tienen prisión preventiva, una medida de la justicia que el próximo lunes será debatida para definir si se anula o se mantiene de oficio.
Desde el 2021, en que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto para identificar y eventualmente gestionar la excarcelación de personas presas sin sentencia, o que hubiesen sido víctimas de tortura, el mandatario reconoció la falta de resultados en su política para excarcelar a personas no sentenciadas o torturadas por agentes del Estado.
“Algo que es cierto es que no han podido dos secretarios de Gobernación sacar a quienes están ahí (presos) y está demostrado que fueron torturados, y es cierto porque los procedimientos judiciales son de lo más complejos”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.
En su reciente reunión en Brasil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) se pronunció por eliminar de la Constitución mexicana, la figura de arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, al considerar que implica una detención arbitraria y contraria a la presunción de inocencia.
En el caso mexicano, la Corte analizó el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron más de 17 años en prisión preventiva oficiosa, por su presunta participación en el asesinato de María de los Ángeles Tamez Pérez, exregidora de Atizapán, Estado de México, en 2001.
Según cifras oficiales, hasta junio pasado había en México 226.916 presos, de los cuales 92.595(40%) estaban en prisión preventiva. Algunos llevan años sin sentencia.
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La prisión preventiva oficiosa significa encarcelar a una persona durante su proceso sin que el juzgado de control pueda analizar si existe otra medida cautelar adecuada para garantizar los fines del proceso.
“No hay entusiasmo, no hay voluntad en algunos funcionarios de hacer justicia (...), y hay todavía mucho burocratismo”, añadió. Aunque aseguró referirse a funcionarios “en general”, el mandatario izquierdista centró sus críticas en el sistema de justicia.
“Quedaron las prácticas estas de que falta el oficio del juez y no se ha estudiado bien el expediente”, afirmó López Obrador, quien refirió el caso de una mujer que no ha logrado recuperar la libertad pese a que en su caso ha mediado el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar.
Tercera edad con enfermedades crónicas
Dicha norma también establece la posibilidad de dejar libres a reos de la tercera edad con enfermedades crónicas, pero que no estén acusados o condenados por delitos graves.
López Obrador pidió este lunes a su secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, empeñarse en la ejecución del decreto para que “los que están injustamente en la cárcel, que son inocentes, los liberen de inmediato”. (I)
Fuente: www.eluniverso.com