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Estados Unidos anunció que impondrá sanciones a 16 funcionarios estrechamente vinculados al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras la controvertida victoria electoral de este en las presidenciales de julio.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. dijo que sus sanciones apuntan a "funcionarios clave implicados en las fraudulentas e ilegítimas declaraciones de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión tras las elecciones".
Maduro fue declarado ganador de las elecciones presidenciales de julio por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, que está estrechamente alineado con el gobierno.
Pero el CNE no ha publicado actas detalladas que respalden la victoria de Maduro. Y las que publicó la oposición sugieren, por el contrario, que ganó su candidato, Edmundo González.
Estados Unidos se ha negado a reconocer a Maduro como ganador y asegura que González recibió más votos.
También se encuentra entre las docenas de países que han pedido al CNE que publique los resultados detallados de cada mesa electoral.
El canciller venezolano, Yván Gil, reaccionó a las sanciones anunciadas por EE.UU. con un comunicado en el que las califica como un "crimen de agresión" y un "acto grosero".
"Poco se puede esperar de la potencia más hostil y sanguinaria que ha conocido la humanidad", agregó y señaló que las medidas tomadas por EE.UU. van en contra del derecho internacional y la democracia venezolana.
Los funcionarios mencionados en el comunicado del Departamento del Tesoro tienen prohibida la entrada en EE.UU. y todas sus propiedades están bloqueadas.
Entre los sancionados se encuentra Rosalba Gil, una de los cinco miembros del CNE.
Asimismo, las autoridades estadounidenses tienen en la mira a cinco jueces del Tribunal Supremo de Venezuela, que confirmaron la decisión del CNE de concederle a Maduro un tercer mandato consecutivo.
Algunos miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas también han sido sancionados, y el Departamento del Tesoro estadounidense los acusa de ser "responsables de intensificar la represión a través de intimidación, detenciones indiscriminadas y censura".
La represión poselectoral
Más de 2.400 personas han sido arrestadas en el marco de la represión poselectoral lanzada por el gobierno de Maduro, muchas de ellas acusadas de "terrorismo".
El candidato opositor Edmundo González huyó el sábado a España tras ser acusado de "delitos graves", entre ellos "usurpación" de funciones públicas, falsificación de documentos, instigación a la desobediencia y sabotaje del sistema.
El juez que dictó la orden de detención de González también figura entre los 16 sancionados por EE.UU.
González solicitó asilo en España y el jueves se reunió con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Dijo que a pesar de estar ahora en el exilio su "determinación de continuar la lucha para hacer valer la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada el 28 de julio por más de ocho millones de votantes" no ha flaqueado.
"La lucha es hasta el final, cuando todas nuestras familias puedan por fin reunirse en suelo venezolano", añadió.
González sustituyó en la fórmula electoral a la líder opositora María Corina Machado, después de que fuera inhabilitada para aspirar a la presidencia por instituciones afines a Maduro.
Machado permanece en la clandestinidad en Venezuela, desde donde dice que liderará la lucha para que González se posesione como presidente el 10 de enero de 2025, día en que debe comenzar el nuevo mandato presidencial.
Cita al embajador de España
De otra parte, Venezuela llamó a consultas al embajador de España en Caracas, Ramón Santos, ante lo que el gobierno de Maduro considera “insolentes, injerencistas y groseras declaraciones” de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, según informa la agencia EFE.
Robles criticó lo que calificó de “persecución” y “limitación de derechos fundamentales” de los opositores venezolanos.
El embajador, según explicó el canciller venezolano, Yván Gil, en su canal de Telegram, debe comparecer en el Ministerio de Relaciones Exteriores este viernes a instancias del gobierno, según el cual las declaraciones de la ministra española de Defensa “apuntan a un deterioro de las relaciones entre ambos países”.
Gil también afirmó que el gobierno llamó a consulta a su embajadora acreditada en España, Gladys Gutiérrez, aunque no precisó si la cita es para la misma fecha en la que Santos debe acudir a la Cancillería o en otra.
Fuente: www.bbc.com