Estados Unidos anunció que el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó la liberación de 135 presos políticos por razones humanitarias.

El grupo de excarcelados fue trasladado a Guatemala para recibir atención médica y tramitar las visas que requieran para viajar legalmente a Estados Unidos u otros países.

En una declaración conjunta, los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala detallaron que Washington facilitó "el transporte voluntario" de los 135 nicaragüenses entre las dos naciones centroamericanas y que su salida se produjo después de "meses de negociaciones" con Managua.

Entre los liberados figuran 13 miembros de la organización de misioneros Mountain Gateway, laicos católicos, estudiantes y otros detenidos, dijo en un comunicado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Según Mountain Gateway, 11 de sus pastores fueron arrestados en diciembre de 2023 y condenados a principios de este año por cargos de lavado de dinero, que la organización denunció como infundados.

"Es desgarrador saber que personas a las que consideramos familia están en prisión por compartir el Evangelio", dijo el presidente de Mountain Gateway, Jon Britton Hancock, en un comunicado de marzo.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, confirmó la acogida de los 135 nicaragüenses, como una muestra de la "firme convicción democrática" de su país, que “rechaza rotundamente las amenazas de regresión autoritaria".

Campaña contra organizaciones civiles

"Hoy reafirmamos ese compromiso y damos de vuelta la solidaridad internacional que tantas veces hemos recibido, acogiendo a 135 hermanos nicaragüenses, presos políticos liberados", afirmó en la red social X.

La oficina de prensa de Arévalo informó que los presos políticos llegaron a Guatemala este jueves, en un vuelo único que aterrizó a las 6:20 de la mañana hora local.

La liberación y traslado de los presos políticos se produce en medio de una creciente campaña contra asociaciones civiles por parte del gobierno de Ortega, que en los últimos días canceló el registro de cerca de 1.700 organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas religiosas, a las que acusa de financiar a opositores.

En enero, Nicaragua envió al Vaticano a los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, junto a 15 sacerdotes y dos seminaristas que estaban detenidos en cárceles del país, en medio de un creciente conflicto entre la Iglesia católica y el gobierno de Ortega.

La última liberación masiva de presos políticos en Nicaragua ocurrió en febrero de 2023, cuando 222 personas fueron enviadas a Estados Unidos, incluidos los principales críticos de Ortega, en lo que Washington consideró un "paso constructivo" para abordar los abusos de derechos humanos en el país centroamericano.