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El reciente memorando de entendimiento firmado entre Panamá y Estados Unidos ha generado un intenso debate sobre la soberanía y la presencia militar extranjera en el país centroamericano. El acuerdo, suscrito por el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Alexis Ábrego, y el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, permite a las tropas estadounidenses utilizar instalaciones panameñas para entrenamiento y otras actividades de seguridad conjunta durante un período inicial de tres años. ​

Aunque el gobierno panameño ha enfatizado que el acuerdo no implica la instalación de bases militares permanentes ni la cesión de territorio, la ambigüedad en algunos términos y la falta de transparencia han suscitado preocupaciones entre diversos sectores de la sociedad panameña. El presidente José Raúl Mulino ha asegurado que se rechazaron expresiones como "presencia militar permanente" durante las negociaciones, y que el acuerdo respeta la Constitución y los tratados internacionales vigentes. ​

La administración del presidente Donald Trump ha justificado el incremento de la presencia militar en Panamá como una medida para contrarrestar la influencia china en la región, especialmente en relación con el Canal de Panamá. Sin embargo, esta postura ha sido criticada por analistas y líderes políticos panameños, quienes consideran que el acuerdo podría socavar la soberanía nacional y representar una forma de intervención disfrazada. ​

La situación actual plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la cooperación en materia de seguridad y la preservación de la autonomía nacional. A medida que se implementa el acuerdo, será crucial monitorear su impacto en la política interna de Panamá y en las relaciones bilaterales con Estados Unidos.