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La decisión de la Fiscalía peruana de archivar la investigación sobre las esterilizaciones forzadas realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori ha provocado indignación entre miles de mujeres que llevan casi tres décadas buscando justicia. El caso involucra a 4.172 personas que denunciaron haber sido sometidas a intervenciones quirúrgicas sin su consentimiento libre e informado, además de cinco mujeres que fallecieron después de los procedimientos.

La resolución, conocida a finales de octubre de 2026, representa un nuevo obstáculo para las víctimas de uno de los episodios más graves de vulneración de los derechos humanos en la historia reciente de Perú.

Lo que ha generado mayor controversia es que el propio fiscal reconoció que existían indicios de que las esterilizaciones formaron parte de un ataque generalizado y sistemático contra un sector de la población civil, pero aun así decidió cerrar la investigación penal por considerar que los delitos habían prescrito.

¿Qué ocurrió durante el gobierno de Alberto Fujimori?

Entre 1990 y 2000, durante la presidencia de Alberto Fujimori, el Gobierno peruano desarrolló un programa de salud reproductiva y planificación familiar que incluía procedimientos de esterilización quirúrgica.

Aunque oficialmente se presentó como una iniciativa para ampliar el acceso a los métodos anticonceptivos, numerosas denuncias señalaron que miles de mujeres fueron sometidas a ligaduras de trompas mediante engaños, presiones, amenazas y sin recibir información adecuada sobre las consecuencias de la intervención.

Muchas de las afectadas eran mujeres indígenas, campesinas y de comunidades rurales pobres, especialmente de regiones andinas.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, durante ese período fueron esterilizadas más de 314.000 mujeres y más de 24.000 hombres. Sin embargo, las denuncias por procedimientos realizados sin consentimiento informado constituyen una parte específica de ese universo.

Entre las víctimas hubo mujeres que sufrieron complicaciones médicas, lesiones permanentes y consecuencias psicológicas y familiares. También se documentaron fallecimientos relacionados con las intervenciones.

Uno de los casos más conocidos es el de Celia Ramos, quien murió en 1997 después de ser sometida a una esterilización sin su consentimiento. Su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que responsabilizó internacionalmente al Estado peruano.

¿Por qué la Fiscalía decidió archivar la investigación?

La decisión fue adoptada por el fiscal Jesús Víctor Dávila Rojas, quien dispuso cerrar la investigación contra 52 personas, entre ellas antiguos funcionarios del gobierno de Fujimori.

El principal argumento jurídico fue la aplicación de la Ley 32107, aprobada en 2024, que establece límites para perseguir penalmente crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma en Perú.

La Fiscalía consideró que, bajo esa normativa, las responsabilidades penales investigadas habían prescrito.

Sin embargo, la resolución contiene una contradicción que ha provocado fuertes cuestionamientos: reconoce que existen elementos para considerar que las esterilizaciones forzadas constituyeron crímenes de lesa humanidad, pero sostiene que no es posible continuar con la persecución penal debido a las reglas de prescripción.

La investigación comprendía las denuncias de 4.172 personas por lesiones graves y los casos de cinco mujeres fallecidas. Entre los investigados figuraban tres antiguos ministros de Salud: Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, quien actualmente ocupa un escaño en el Senado peruano.

Una ley cuestionada por organizaciones de derechos humanos

La Ley 32107 ha sido duramente criticada por organizaciones nacionales e internacionales, que consideran que su aplicación puede favorecer la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional sostuvo que las esterilizaciones forzadas constituyeron crímenes de lesa humanidad y que, por esa razón, no deberían quedar sujetas a mecanismos de prescripción que impidan investigar y sancionar a los responsables.

La controversia también tiene una dimensión judicial internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, en el caso de Celia Ramos contra Perú, la responsabilidad internacional del Estado por los hechos y la obligación de garantizar justicia y reparación.

Las organizaciones defensoras de las víctimas consideran que una ley nacional no puede utilizarse para desconocer las obligaciones internacionales asumidas por Perú.

¿En qué situación quedan las más de 4.000 víctimas?

Para las mujeres afectadas, el archivo de la investigación significa un nuevo golpe después de décadas de espera.

Muchas de ellas viven en comunidades rurales, enfrentan dificultades económicas y todavía cargan con las consecuencias físicas y emocionales de las intervenciones.

Además de las secuelas médicas, algunas sufrieron el abandono de sus parejas, rechazo social y problemas familiares relacionados con la imposibilidad de tener más hijos.

La resolución fiscal no significa que las víctimas hayan perdido automáticamente todas las posibilidades de reclamar justicia. Los abogados que las representan anunciaron que impugnarán la decisión ante una instancia fiscal superior para intentar que se revoque el archivo.

También contemplan acudir nuevamente al sistema interamericano de derechos humanos.

Por otra parte, la resolución deja abierta la posibilidad de presentar reclamaciones civiles, aunque esto no sustituye la necesidad de investigar penalmente las responsabilidades individuales.

Hasta ahora, ninguna de las altas autoridades investigadas por este expediente ha recibido una condena penal por estos hechos.

El papel de Keiko Fujimori y las reacciones políticas

La decisión se produce en un contexto político especialmente sensible, con Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, al frente del Gobierno peruano.

La actual presidenta ha defendido anteriormente el programa de planificación familiar desarrollado durante la administración de su padre y ha rechazado que se tratara de una política estatal de esterilizaciones forzadas.

Por su parte, Alejandro Aguinaga, uno de los antiguos ministros investigados, también ha defendido la iniciativa de salud reproductiva y ha negado que existiera un programa destinado a esterilizar mujeres sin su consentimiento.

Las organizaciones de derechos humanos, en cambio, sostienen que las denuncias, los testimonios y las investigaciones acumuladas durante años demuestran la gravedad de lo ocurrido.

La controversia ha reabierto el debate sobre la memoria histórica, la responsabilidad del Estado y la posibilidad de que decisiones políticas y legislativas terminen limitando el acceso a la justicia.

Una lucha que todavía no termina

Para las mujeres que fueron sometidas a esterilizaciones sin consentimiento, el archivo de la investigación no representa el final de su búsqueda de justicia.

Después de casi 30 años, muchas continúan reclamando que se reconozca el daño que sufrieron, que se investigue a quienes tuvieron responsabilidad y que el Estado les ofrezca una reparación adecuada.

El caso también plantea una pregunta fundamental sobre el funcionamiento de la justicia: ¿puede considerarse cerrado un episodio de graves violaciones de derechos humanos cuando las víctimas todavía esperan respuestas?

Mientras sus representantes preparan nuevas acciones legales, las mujeres afectadas insisten en que no buscan solamente una compensación económica. Quieren que se reconozca públicamente lo que ocurrió y que ninguna otra generación tenga que pasar por una experiencia semejante.

La decisión de la Fiscalía puede cerrar una investigación en el ámbito nacional, pero no borra los testimonios, las consecuencias ni las obligaciones de Perú frente a las víctimas. Para ellas, la lucha por la verdad y la justicia continúa.