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En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense. El presidente Nayib Bukele presentó la decisión como una apuesta para modernizar la economía, atraer inversiones, facilitar las remesas desde el extranjero y permitir que más ciudadanos accedieran a los servicios financieros.

Cinco años después, el balance es mucho más complejo. El uso cotidiano de la criptomoneda no alcanzó la popularidad esperada, el Gobierno tuvo que modificar la legislación bajo las condiciones de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en septiembre de 2026, se comprometió a detener las nuevas compras de bitcoin financiadas con recursos públicos.

La experiencia salvadoreña no ha desaparecido por completo, pero sí se ha alejado de su planteamiento original. Lo que comenzó como un experimento para transformar la economía nacional se ha convertido en una iniciativa más limitada, marcada por interrogantes sobre su utilidad práctica, sus costos y la transparencia en la administración de los activos digitales.

Una apuesta que prometía cambiar la economía

Cuando la Ley Bitcoin entró en vigor el 7 de septiembre de 2021, el Gobierno de Bukele defendió la medida como una herramienta para impulsar la inclusión financiera y reducir los costos de las transferencias internacionales.

Las remesas son fundamentales para la economía salvadoreña, ya que millones de familias reciben dinero enviado por parientes que trabajan en Estados Unidos y otros países. La promesa era que las nuevas tecnologías permitirían transferir esos fondos de manera más rápida y económica, reduciendo la dependencia de intermediarios tradicionales.

Para incentivar la adopción, el Gobierno puso en marcha Chivo Wallet, una billetera digital respaldada por el Estado, y ofreció un incentivo inicial equivalente a 30 dólares en bitcoin a quienes se registraran.

El proyecto también buscaba atraer empresas tecnológicas, inversionistas y emprendedores vinculados al sector de las criptomonedas. Bukele convirtió la iniciativa en uno de los símbolos internacionales de su gestión y defendió la acumulación de bitcoin como una apuesta de largo plazo.

Sin embargo, una cosa era despertar el interés de los mercados internacionales y otra conseguir que la población utilizara regularmente la criptomoneda para comprar alimentos, pagar servicios o recibir remesas.

El principal obstáculo: los ciudadanos no adoptaron el bitcoin como se esperaba

Uno de los mayores problemas del experimento fue la limitada utilización cotidiana del bitcoin.

Aunque muchas personas descargaron Chivo Wallet para obtener el incentivo inicial, numerosos usuarios no continuaron empleándola después de gastar o retirar ese dinero. Los informes del FMI también señalaron que la utilización de la criptomoneda en las transacciones comerciales y las remesas se mantuvo reducida.

Las razones fueron diversas. Para una parte de la población, el dólar seguía siendo una opción más familiar y previsible para manejar sus ingresos y gastos. El bitcoin, en cambio, podía experimentar variaciones de precio importantes en periodos cortos, lo que complicaba su uso como medio cotidiano de pago.

También influyeron las dificultades tecnológicas, la confianza de los consumidores y la falta de incentivos suficientes para cambiar hábitos financieros consolidados.

Para los comerciantes, aceptar una criptomoneda podía suponer nuevas exigencias operativas sin garantizar un aumento de las ventas. Para los ciudadanos con presupuestos ajustados, la posibilidad de que el valor de sus fondos fluctuara representaba un riesgo adicional.

El resultado fue una brecha entre la visibilidad internacional del proyecto y su integración en la vida diaria de buena parte de los salvadoreños.

Los costos y las dudas sobre la transparencia

La puesta en marcha de la iniciativa requirió recursos públicos para financiar la billetera digital, los incentivos iniciales y la infraestructura destinada a facilitar las transacciones.

Además, el Estado comenzó a adquirir bitcoin para mantenerlo como parte de su estrategia financiera. El problema no era únicamente la volatilidad de la criptomoneda, sino también la dificultad de evaluar con precisión el costo total del programa y los riesgos asumidos por las finanzas públicas.

El FMI advirtió sobre los riesgos fiscales, la protección de los consumidores y la necesidad de mejorar la supervisión de los servicios relacionados con estos activos. Sus análisis también concluyeron que, hasta ese momento, no existían pruebas claras de que la adopción obligatoria del bitcoin hubiera mejorado de manera significativa la inclusión financiera.

La transparencia se convirtió, por tanto, en uno de los asuntos centrales del debate. Para evaluar una política pública de esta magnitud no basta con conocer el número de monedas acumuladas: también es necesario saber de dónde provienen los fondos, qué riesgos existen, cómo se contabilizan los activos y qué beneficios concretos recibe la sociedad.

El acuerdo con el FMI cambió el rumbo del proyecto

El giro más importante llegó en 2025, cuando El Salvador acordó con el FMI un programa de financiamiento por aproximadamente 1.400 millones de dólares. Como parte de las condiciones vinculadas al acuerdo, el Gobierno debía limitar los riesgos asociados al bitcoin y modificar el marco legal que regulaba su utilización.

En enero de ese año, la Asamblea Legislativa reformó la Ley Bitcoin. La criptomoneda dejó de tener el estatus de moneda de curso legal y su aceptación por parte de las empresas pasó a ser voluntaria. También se limitaron las funciones del sector público relacionadas con su uso.

El cambio representó un distanciamiento importante de la idea original. En 2021, el objetivo era incorporar el bitcoin al funcionamiento habitual de la economía; con la reforma, su utilización quedó principalmente en manos de quienes decidieran aceptarlo.

No obstante, Bukele no abandonó por completo su apuesta. El Gobierno continuó defendiendo la acumulación de criptomonedas y mantuvo la intención de posicionar al país como un destino favorable para las empresas vinculadas a los activos digitales.

Septiembre de 2026: otro paso atrás en la estrategia original

La evolución más reciente llegó en septiembre de 2026. Tras una nueva revisión del programa financiero, el FMI informó que el Gobierno salvadoreño se había comprometido a no acumular más bitcoin con recursos públicos, más allá de las donaciones privadas documentadas.

El organismo también confirmó que la propiedad mayoritaria y el control operativo de Chivo Wallet habían sido transferidos a un operador privado. El Estado conservó una participación minoritaria y responsabilidades relacionadas con la custodia de los activos de los clientes.

La precisión es importante: la transferencia de Chivo Wallet no significó que el Gobierno entregara automáticamente todas sus reservas de bitcoin a una empresa privada. Se trató de un cambio en el control de la billetera digital estatal.

El anuncio también abrió nuevas preguntas sobre el futuro del sistema. Aunque el FMI señaló que las adquisiciones recientes procedían de donaciones privadas, la información pública disponible no despejó todos los interrogantes sobre la identidad de los donantes y la supervisión de los activos.

Bukele, por su parte, ha defendido la estrategia de bitcoin y ha cuestionado las interpretaciones que presentan estos cambios como el abandono total de su apuesta por la criptomoneda.

¿Fracasó el experimento de Bukele?

La respuesta depende de los objetivos que se utilicen para medir sus resultados.

Si el propósito principal era conseguir que el bitcoin se convirtiera en una forma de pago habitual para la mayoría de los salvadoreños, los datos disponibles apuntan a una adopción limitada. Tampoco se ha demostrado que su reconocimiento como moneda de curso legal haya generado las mejoras esperadas en inclusión financiera y remesas.

Si el objetivo era atraer atención internacional, posicionar al país en el debate sobre las criptomonedas y promover un ecosistema de empresas vinculadas a los activos digitales, la iniciativa sí consiguió una visibilidad considerable. Sin embargo, la notoriedad internacional no equivale por sí sola a beneficios económicos duraderos.

Además, la cotización del bitcoin introduce una dificultad adicional para valorar los resultados financieros del Gobierno. El valor de las tenencias puede aumentar o disminuir considerablemente, de modo que una ganancia contable en determinado momento no demuestra que el proyecto haya producido beneficios sostenibles para la población.

Para realizar una evaluación completa también sería necesario conocer con suficiente detalle los costos acumulados, los ingresos obtenidos, los riesgos asumidos y la distribución de los posibles beneficios.

Una lección sobre innovación y políticas públicas

La experiencia de El Salvador ilustra una diferencia fundamental entre adoptar una tecnología y conseguir que esta resuelva problemas reales.

Una herramienta digital puede atraer inversiones y generar interés internacional, pero su éxito depende de que responda a las necesidades de los ciudadanos, sea accesible, inspire confianza y ofrezca ventajas claras frente a las alternativas existentes.

En el caso del bitcoin, la volatilidad, la limitada adopción cotidiana y las preocupaciones sobre la administración de los recursos públicos dificultaron la consolidación del modelo original.

La experiencia también muestra que las decisiones económicas de un país no se desarrollan de forma aislada. Las necesidades de financiamiento, las relaciones con los organismos internacionales y la estabilidad fiscal pueden obligar a modificar proyectos que inicialmente se presentaron como compromisos estratégicos de largo plazo.

Conclusión: el bitcoin sigue presente, pero el plan original cambió

Cinco años después de que El Salvador sorprendiera al mundo al convertir el bitcoin en moneda de curso legal, el país ya no mantiene el mismo modelo que impulsó en 2021.

La reforma legal de 2025, el acuerdo financiero con el FMI y el compromiso anunciado en septiembre de 2026 de detener nuevas compras públicas de bitcoin marcan una transformación sustancial de la iniciativa. La criptomoneda sigue formando parte del debate económico salvadoreño, pero su utilización es voluntaria y la billetera estatal ha pasado a un esquema de control mayoritariamente privado.

El balance deja una pregunta importante: ¿puede una apuesta tecnológica de gran alcance traducirse en mejoras concretas para la vida de la población?

En El Salvador, esa promesa todavía debe evaluarse con resultados verificables, transparencia financiera y datos que permitan distinguir entre las ganancias derivadas de la cotización de un activo y los beneficios económicos que llegan a los hogares.

La historia del país del bitcoin no ha terminado, pero su evolución demuestra que la verdadera medida de una innovación no es cuánto se habla de ella en el mundo, sino cuánto contribuye, de manera comprobable y sostenible, al bienestar de la sociedad.