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​El presidente Donald Trump ha ordenado la deportación de cientos de venezolanos a El Salvador, desafiando una orden judicial que prohibía tales acciones. La administración invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar las deportaciones, argumentando que los afectados eran miembros de la banda criminal Tren de Aragua. Sin embargo, un juez federal emitió una orden para detener las deportaciones, la cual fue ignorada por la administración, alegando que la orden judicial se emitió después de que los vuelos ya habían despegado. ​

Esta acción ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y ha provocado tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial en Estados Unidos.