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Veinticinco años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, una nueva publicación de documentos está obligando a revisar una de las decisiones más controvertidas de los días posteriores a la tragedia: las declaraciones oficiales que aseguraron a los neoyorquinos que el aire alrededor del World Trade Center era seguro.

La ciudad de Nueva York ha comenzado a hacer públicos más de 170.000 documentos relacionados con la calidad del aire, la contaminación y la respuesta de las autoridades después del derrumbe de las Torres Gemelas. Los archivos incluyen informes ambientales, registros de contaminación, comunicaciones internas y documentos que habían permanecido fuera del alcance del público durante más de dos décadas.

Los documentos no solo ofrecen una nueva mirada sobre lo que ocurrió después de los ataques. También plantean una pregunta dolorosa: ¿cuánto sabían las autoridades sobre los riesgos mientras pedían a la población que regresara a la zona?

La tranquilidad que se transmitió después de la tragedia

En los días y semanas posteriores al ataque, la prioridad de Nueva York era recuperar cierta normalidad.

Lower Manhattan estaba cubierto por polvo y escombros. Miles de trabajadores, bomberos, policías, voluntarios y residentes se encontraban cerca de Ground Zero.

En ese contexto, funcionarios municipales y federales transmitieron mensajes tranquilizadores sobre la calidad del aire.

El entonces alcalde Rudolph Giuliani aseguró públicamente que, aunque el olor en la zona podía resultar desagradable, las autoridades le habían informado de que no representaba un peligro para la salud.

La entonces administradora de la Agencia de Protección Ambiental, Christine Todd Whitman, también sostuvo que el aire era seguro.

Pero los nuevos documentos muestran que, internamente, la situación era mucho más complicada.

Lo que apareció en los documentos

Entre los archivos publicados hay informes que registraban diferentes contaminantes y problemas ambientales alrededor de Ground Zero.

Uno de los conjuntos de documentos revela niveles elevados de asbesto, contaminantes orgánicos carcinógenos, metales pesados, hongos y bacterias en el antiguo edificio de Deutsche Bank, ubicado cerca de las Torres Gemelas, durante los meses posteriores a los ataques.

Incluso diez meses después del 11-S seguían encontrándose evidencias de asbesto en zonas situadas a una distancia considerable de Ground Zero.

Estos hallazgos son especialmente importantes porque miles de personas continuaron viviendo, trabajando o desplazándose por Lower Manhattan mientras se desarrollaban las labores de limpieza y recuperación.

El documento que habla de responsabilidad

Uno de los archivos que más atención ha despertado es el conocido como “Harding Memo”, un documento interno relacionado con las posibles responsabilidades legales de la ciudad por la contaminación generada después de los atentados.

El documento muestra que dentro del gobierno existían preocupaciones sobre las consecuencias legales asociadas con la exposición a sustancias peligrosas.

Esto no demuestra por sí solo que las autoridades hubieran diseñado una estrategia para engañar deliberadamente a la población.

Pero sí plantea interrogantes sobre cuánto conocían determinados funcionarios y cómo se trasladó esa información al público.

Y esa diferencia es fundamental.

Una cosa es no disponer de toda la información científica inmediatamente después de una catástrofe sin precedentes.

Otra es conocer señales preocupantes y transmitir públicamente una sensación de seguridad mucho mayor.

¿Por qué era tan importante decir que el aire era seguro?

La respuesta tiene que ver con el enorme esfuerzo que Nueva York estaba realizando para recuperarse.

La ciudad necesitaba reabrir calles, recuperar oficinas, reactivar negocios y demostrar que Lower Manhattan podía volver a funcionar.

En medio de una crisis económica y emocional gigantesca, reconocer públicamente que existía una amenaza ambiental importante podía haber complicado todavía más la recuperación.

Pero las consecuencias de minimizar un riesgo sanitario pueden aparecer muchos años después.

Y eso fue precisamente lo que ocurrió con numerosas personas expuestas al polvo y los contaminantes del World Trade Center.

Enfermedades que aparecieron años después

Los problemas de salud relacionados con el 11-S no terminaron cuando se retiraron los escombros.

Miles de personas desarrollaron enfermedades respiratorias, cánceres y otras condiciones que posteriormente fueron vinculadas con la exposición a los contaminantes presentes en Ground Zero y sus alrededores.

El Programa de Salud del World Trade Center atiende actualmente a más de 145.000 personas con enfermedades relacionadas con los atentados y sus consecuencias. Entre las afecciones más frecuentes aparecen distintos tipos de cáncer, sinusitis crónica, asma, reflujo gastroesofágico y trastornos de estrés postraumático.

La dimensión del problema es enorme.

Y resulta todavía más dolorosa para quienes recuerdan que, durante los primeros meses, se les había dicho que no tenían motivos para preocuparse.

Los trabajadores fueron especialmente vulnerables

Bomberos, policías, trabajadores de construcción, personal sanitario, empleados municipales y miles de voluntarios permanecieron durante largos periodos en una zona donde todavía existían partículas y sustancias peligrosas.

Muchos trabajaron sin saber exactamente qué estaban respirando.

Otros regresaron a sus oficinas o viviendas pensando que el peligro había pasado.

Con el tiempo, algunos comenzaron a desarrollar problemas de salud.

Para ellos, la discusión sobre qué sabían las autoridades no es solamente histórica.

Es personal.

Los documentos estuvieron escondidos durante décadas

Una de las partes más sorprendentes de la nueva revelación es que buena parte de los documentos no estaba simplemente perdida en algún archivo histórico.

Según la ciudad, 68 cajas de documentos permanecieron durante más de dos décadas en una oficina municipal y fueron descubiertas apenas el año pasado.

La administración del alcalde Zohran Mamdani destinó además alrededor de US$34 millones para revisar, digitalizar y publicar documentos relacionados con la respuesta de la ciudad al 11-S.

La publicación se produce después de una larga batalla legal impulsada por 9/11 Health Watch, una organización que reclamaba acceso a los archivos.

La pregunta que queda sin responder

La publicación de los documentos no significa que todas las preguntas tengan respuesta.

De hecho, puede ocurrir lo contrario.

Los archivos podrían abrir nuevas investigaciones sobre qué información estaba disponible en cada momento, quién la conocía, cómo se evaluaron los riesgos y por qué determinadas advertencias no llegaron al público.

También será necesario separar los errores derivados del caos de las primeras horas de cualquier decisión consciente de minimizar riesgos.

Después de una catástrofe de semejante magnitud, es comprensible que existiera incertidumbre científica.

Pero la incertidumbre también exige transparencia.

Cuando existe la posibilidad de que una sustancia sea peligrosa, la población tiene derecho a conocer el riesgo y tomar decisiones informadas.

Una lección para futuras tragedias

Quizás la enseñanza más importante de esta historia no tenga que ver solamente con el 11-S.

Las grandes emergencias pueden generar una enorme presión sobre los gobiernos para transmitir tranquilidad.

Pero tranquilizar a la población y decirle la verdad no deberían ser objetivos incompatibles.

Si existen dudas sobre la calidad del aire, deben explicarse.

Si los análisis todavía no son concluyentes, debe decirse.

Y si posteriormente aparecen nuevos datos, deben comunicarse inmediatamente.

La confianza pública puede tardar décadas en recuperarse cuando las personas sienten que fueron engañadas.

Veinticinco años después

El 11 de septiembre de 2001 dejó casi 3.000 muertos en los ataques.

Pero la tragedia no terminó ese día.

Para miles de personas, comenzó entonces una segunda batalla: vivir con las enfermedades, los tratamientos y las consecuencias de haber estado expuestos al ambiente tóxico que quedó después del derrumbe.

Ahora, un cuarto de siglo más tarde, los documentos permiten reconstruir una parte de aquella historia que permaneció oculta durante demasiado tiempo.

Quizás nunca exista una respuesta sencilla a la pregunta de si las autoridades “mintieron”.

Pero sí existe una obligación mucho más clara: cuando la vida y la salud de una población están en juego, la información no puede convertirse en un secreto administrativo.

Porque las personas que respiraron aquel aire no tuvieron la oportunidad de elegir si querían exponerse.

Y muchas de ellas siguen pagando las consecuencias.