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El gobierno de Colombia bajo la presidencia de Gustavo Petro afronta una crisis de legitimidad tras confirmarse que al menos 15 menores de edad murieron en una serie de bombardeos militares contra grupos armados ilegales entre agosto y noviembre de 2025. Estos hechos han generado una oleada de críticas de organismos de derechos humanos, la oposición política y comunidades afectadas, que denuncian fallos graves en el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y un retroceso en la política de protección de la infancia.

Los hechos que detonaron la polémica

Según el Ministerio de Defensa y los informes oficiales, los bombardeos se llevaron a cabo contra campamentos de las disidencias del grupo armado Estado Mayor Central de las FARC (EMC) en los departamentos de Guaviare, Amazonas y Arauca.

La definición del Gobierno es que los menores que resultaron muertos no eran niños civiles inocentes “que pasaban por ahí”, sino adolescentes reclutados y armados dentro de la estructura del grupo insurgente.

La cifra concreta de siete menores muertos en un bombardeo sucedido el 10 de noviembre en Guaviare fue confirmada por la Defensoría del Pueblo de Colombia y por Medicina Legal.

Estos casos han ocasionado una fuerte controversia porque Gustavo Petro, antes de asumir el poder, había criticado acciones similares de gobiernos anteriores y se comprometido con una política de “paz total” y de reducción del uso de la fuerza militar.

Las críticas principales al gobierno

1. Incoherencia respecto al discurso inicial

Petro había situado su mandato como una ruptura con el uso indiscriminado de la fuerza. Ahora, tras estos bombardeos, critica que el principio de coherencia se ve debilitado: “los bombardeos de Petro” es el encabezado que varios medios emplean para describir el cambio.

2. Fallas en el cumplimiento del derecho internacional humanitario (DIH)

Organismos como la Defensoría del Pueblo han señalado que, aunque los menores hubiesen sido reclutados por grupos armados, la operación militar contra ellos plantea dudas sobre la distinción entre combatientes y civiles y sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza.

3. Transparencia y rendición de cuentas insuficientes

Aunque el gobierno ha reconocido las muertes, queda la sensación de que la información fue entregada de forma gradual y tras presión. Esto alimenta la desconfianza en ciertos sectores.

4. Presión sobre la infancia y los derechos de los menores

Que menores de edad —al menos 11 a 17 años según algunos reportes— hayan muerto en bombardeos crea un foco de tensión: para muchos, supone un signo de que la infancia está siendo usada como pieza de contención o escudo en el conflicto armado.

5. Retorno a una estrategia militar que prometía cambiar

El hecho de que la administración de Petro haya retomado operaciones aéreas intensas contra disidencias, pese a sus promesas de priorizar el diálogo, ha sido vista como un retroceso de su agenda de “paz total”.

La defensa del gobierno y sus argumentos

El presidente Petro defendió la continuidad de los bombardeos argumentando que detenerlos implicaría un incentivo para que los grupos armados sigan utilizando a menores de edad como escudos humanos.

También aseguró que en esos casos los menores ya habían perdido el estatus de civiles al estar armados, entrenados y participando directamente en hostilidades.

Asimismo, mencionó que él mismo asume la responsabilidad política de las decisiones militares, lo cual según el gobierno demuestra un mecanismo de transparencia y control.

¿Qué está en juego para Colombia?

Ética de la lucha armada: El país enfrenta el dilema de cómo combatir eficazmente a los grupos ilegales sin sacrificar derechos fundamentales ni la protección de menores.

Credibilidad internacional: Este episodio puede afectar la percepción internacional sobre los derechos humanos en Colombia y su compromiso con tratados internacionales.

Conflicto armado y reclutamiento infantil: El asunto expone nuevamente el desafío de erradicar el reclutamiento forzado de menores por parte de organizaciones armadas.

Política de paz vs. estrategia de fuerza: La tensión entre diálogo, negociación, y uso de la fuerza militar vuelve a estar al centro del debate en el país.

Conclusión

La muerte de al menos 15 menores durante bombardeos ordenados por el gobierno de Gustavo Petro representa un momento crítico. Va más allá de una tragedia aislada: es la intersección de la política de seguridad, los derechos de la infancia y la coherencia de un proyecto de paz que se definió por su distancia respecto de la militarización.
Las críticas al Ejecutivo reflejan que el costo humano, la credibilidad y la coherencia política están en juego. Ahora, la prueba estará en cómo Colombia aborda no solo la sanción de lo ocurrido, sino la prevención de que vuelva a ocurrir.