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Kilmar Armando Ábrego García es un ciudadano salvadoreño de 29 años que residía en Maryland, Estados Unidos, junto a su esposa, Jennifer Vásquez Sura, una ciudadana estadounidense, y sus tres hijos, incluido uno con necesidades especiales. Llegó a EE.UU. en 2011, huyendo de amenazas de pandillas en El Salvador. En 2019, un juez de inmigración le otorgó una protección contra la deportación, conocida como "suspensión de remoción", debido al riesgo que enfrentaría si regresaba a su país de origen. ​

A pesar de esta protección legal, Ábrego García fue detenido el 12 de marzo de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras esperaba trabajo en un estacionamiento en Baltimore. Posteriormente, el 15 de marzo, fue deportado a El Salvador y encarcelado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad conocida por albergar a presuntos miembros de pandillas. Las autoridades estadounidenses alegaron que su deportación fue resultado de un "error administrativo". ​

La jueza federal Paula Xinis calificó la deportación de Ábrego García como "ilegal" y ordenó al gobierno de Donald Trump facilitar su retorno a Estados Unidos antes de la medianoche del 7 de abril. Sin embargo, la administración Trump apeló esta decisión, argumentando que el poder judicial no tiene autoridad para ordenar al Ejecutivo interactuar de cierta manera con una nación extranjera. ​

El caso de Ábrego García ha generado un intenso debate sobre las políticas migratorias y las deportaciones en EE.UU., especialmente en relación con el debido proceso y la protección de los derechos de los inmigrantes. Su familia y defensores de los derechos humanos continúan abogando por su retorno seguro y el respeto a las garantías legales establecidas.