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Washington / La Habana / Mbabane — En una decisión que ha generado críticas por su carácter inusual y su posible ilegalidad, el gobierno de Donald Trump deportó esta semana a cinco migrantes —entre ellos un cubano— a Esuatini, una pequeña nación del sur de África conocida por ser la última monarquía absoluta del continente.

La noticia ha encendido las alarmas entre defensores de derechos humanos y expertos en migración, quienes señalan que la medida carece de transparencia, viola normas de protección internacional y pone en riesgo la vida de los deportados.

¿Quiénes son los deportados?
Según información difundida por organizaciones que trabajan con migrantes, los cinco deportados son:

Un ciudadano cubano, identificado como Manuel E., de 29 años, que buscaba asilo político en EE. UU. tras ser detenido por participar en manifestaciones en La Habana.

Dos ciudadanos venezolanos.

Un salvadoreño con antecedentes de violencia pandillera, según ICE.

Un migrante hondureño que había cruzado la frontera por Texas hace menos de seis semanas.

Lo inusual no es solo la deportación, sino el destino: ninguno de los cinco tiene vínculos con Esuatini, tampoco pasaron por ese país ni tienen doble nacionalidad. El gobierno no ha explicado por qué fueron enviados allí.

¿Por qué Esuatini?
Esuatini (antes Suazilandia) es un pequeño país sin salida al mar, ubicado entre Sudáfrica y Mozambique. Es gobernado por el rey Mswati III, quien concentra el poder ejecutivo, legislativo y judicial.

No existen acuerdos migratorios públicos entre EE. UU. y Esuatini, y hasta ahora no se conocían casos documentados de deportaciones de migrantes latinoamericanos a este país.

Algunos analistas sostienen que podría tratarse de acuerdos informales con países africanos a cambio de ayuda financiera o política, una práctica que, de confirmarse, violaría tratados internacionales de asilo y no devolución.

Reacciones internacionales
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han pedido explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y alertan que estos migrantes podrían estar en riesgo de detención arbitraria o abusos en un país con pocas garantías de debido proceso.

“Enviar personas a una nación donde no tienen idioma, red de apoyo ni vínculos culturales puede equivaler a una deportación encubierta a la inseguridad y la desesperación”, afirmó Erika Guevara, directora regional de AI.

El caso del cubano Manuel E.
La familia de Manuel, en contacto con medios desde Miami, denuncia que fue arrestado mientras su solicitud de asilo aún estaba en revisión. La deportación ocurrió sin aviso previo ni audiencia final, lo que podría constituir una violación del debido proceso.

“No sabemos nada de él desde hace tres días. Solo nos confirmaron que ya no está en Estados Unidos”, dijo su hermana.

¿Un nuevo patrón de deportaciones?
Expertos advierten que este caso podría marcar un precedente peligroso si se convierte en una nueva estrategia para “desaparecer administrativamente” a migrantes no deseados por el sistema estadounidense.

“Deportarlos a un país lejano, sin vínculos, es una forma de expulsión forzada disfrazada. Es el equivalente moderno a un exilio sin nombre”, señala el analista legal Miguel Rodríguez.

Conclusión: deportados al margen del mapa
La deportación de cinco migrantes latinoamericanos a un país sin relación histórica, geográfica ni diplomática con ellos plantea serias preguntas sobre el respeto de EE. UU. a las normas internacionales de protección migratoria.

Mientras organizaciones presionan por respuestas, las familias de los deportados solo tienen una certeza: sus seres queridos fueron enviados a lo desconocido.