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Durante años, en El Salvador salir de casa podía implicar enfrentarse a una amenaza que parecía formar parte de la vida cotidiana: las pandillas.

La extorsión, los homicidios, las amenazas y el control territorial de grupos como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 condicionaban la vida de comunidades enteras. Había lugares a los que algunas personas evitaban entrar, rutas que preferían no recorrer y negocios que debían pagar para poder funcionar.

Cuatro años después del inicio de la ofensiva de Nayib Bukele contra las pandillas, esa realidad ha cambiado radicalmente.

Pero también ha aparecido una nueva pregunta: ¿qué ocurre cuando el miedo a las maras es reemplazado por el miedo al poder del Estado?

Las calles que volvieron a sentirse seguras

El cambio más evidente está en la violencia.

Las pandillas habían ejercido durante décadas un enorme control sobre distintos territorios del país y estaban vinculadas con homicidios, extorsiones, secuestros, reclutamiento forzado y desplazamientos. Organizaciones como Human Rights Watch reconocen que la violencia de las pandillas disminuyó significativamente durante el gobierno de Bukele.

Para muchos salvadoreños, la transformación es tangible.

Personas que antes evitaban determinados barrios pueden caminar nuevamente por ellos. Comerciantes que vivían bajo amenazas de extorsión han recuperado parte de su tranquilidad. Familias que tenían miedo de que sus hijos fueran reclutados por las pandillas sienten que una amenaza que parecía permanente prácticamente desapareció.

Ese cambio explica buena parte del respaldo popular que mantiene Bukele.

La seguridad dejó de ser una promesa abstracta y se convirtió, para muchos ciudadanos, en una experiencia cotidiana.

El régimen de excepción que cambió el país

El punto de inflexión llegó en marzo de 2022, después de una ola de asesinatos que dejó decenas de víctimas en pocos días.

El gobierno declaró un régimen de excepción que suspendió determinadas garantías constitucionales y permitió realizar detenciones bajo condiciones extraordinarias.

La estrategia fue contundente: desplegar policías y militares, detener a personas señaladas como integrantes o colaboradores de pandillas y encarcelarlas masivamente.

Desde entonces, más de 90.000 personas han sido detenidas, según cifras citadas por organismos de derechos humanos y fuentes oficiales. Unas 8.000 personas han sido liberadas después de ser consideradas inocentes por las autoridades.

El gobierno sostiene que la inmensa mayoría de los detenidos tenía vínculos con las estructuras criminales.

Pero organizaciones de derechos humanos sostienen que también fueron encarceladas personas sin conexiones demostradas con las pandillas.

La otra cara de la seguridad

Aquí aparece la parte más controvertida de la transformación.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado denuncias de detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y violaciones del debido proceso.

Amnistía Internacional publicó en julio de 2026 un informe en el que sostiene que las violaciones documentadas no constituyen hechos aislados, sino patrones sostenidos de detención arbitraria y abusos facilitados por cambios institucionales y legales.

El gobierno, por su parte, defiende la estrategia como una respuesta necesaria para recuperar el control territorial y proteger a la población.

Ese enfrentamiento de versiones explica una de las grandes contradicciones de El Salvador actual.

El país es mucho más seguro frente a las pandillas, pero también existe una preocupación creciente por la seguridad jurídica de quienes son detenidos.

“El miedo ahora es otro”

La transformación puede sentirse de manera diferente según la persona.

Para alguien que durante años vivió amenazado por una pandilla, la presencia de policías y soldados puede representar protección.

Para una familia cuyo integrante fue detenido y asegura que no tenía vínculos con grupos criminales, esa misma presencia puede representar temor.

En ese sentido, la frase “el miedo ahora es otro” resume una de las grandes discusiones del país.

El enemigo que antes estaba en la esquina, en la extorsión o en la amenaza de una pandilla ahora ha desaparecido de muchos lugares.

Pero algunas personas temen que el poder utilizado para combatirlo haya quedado demasiado concentrado en las instituciones del Estado.

Las cárceles se convirtieron en el símbolo de la nueva era

La política de seguridad de Bukele también produjo un cambio radical en el sistema penitenciario.

La construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, se convirtió en una de las imágenes más poderosas del modelo salvadoreño.

Las fotografías de miles de presos rapados, uniformados y sentados en enormes salas recorrieron el mundo.

Para los partidarios de Bukele, esas imágenes representan el fin del poder de las pandillas.

Para sus críticos, simbolizan una política de encarcelamiento masivo en la que los derechos individuales han quedado subordinados a la seguridad.

En 2026, incluso los juicios masivos contra presuntos miembros de pandillas continúan generando críticas de organizaciones de derechos humanos por las garantías procesales.

Una vida cotidiana que sí cambió

Sería imposible comprender el impacto de la estrategia de Bukele únicamente desde las estadísticas.

Hay cambios que se perciben en cosas mucho más sencillas.

Caminar por una calle.

Abrir un negocio.

Tomar un autobús.

Dejar que un niño juegue afuera.

Visitar una comunidad que antes se consideraba peligrosa.

Para una sociedad que durante años vivió bajo una violencia extrema, recuperar esas actividades tiene un enorme valor.

Ese es uno de los motivos por los que el modelo de Bukele ha conseguido tanta popularidad dentro de El Salvador y ha despertado interés en otros países latinoamericanos.

Pero el problema no termina con las pandillas

Eliminar el poder territorial de las maras no resuelve automáticamente todos los problemas del país.

La seguridad puede mejorar mientras continúan existiendo pobreza, desigualdad, falta de oportunidades y dificultades económicas.

De hecho, el debate nacional parece estar desplazándose.

Mientras la violencia pierde protagonismo entre las preocupaciones de muchos salvadoreños, la economía, el costo de vida y otros problemas sociales adquieren mayor importancia.

Eso plantea el siguiente desafío para el gobierno: demostrar que la seguridad puede convertirse en una base para mejorar la vida de las personas y no únicamente en una política de encarcelamiento permanente.

El precio de un modelo que otros quieren imitar

El Salvador se ha convertido en un referente para políticos de otros países que prometen aplicar estrategias similares.

La fórmula parece sencilla: mano dura, presencia militar, detenciones masivas y penas severas.

Pero la experiencia salvadoreña muestra que detrás de esa fórmula existen dilemas mucho más complejos.

¿Cómo se garantiza que una persona inocente no termine en prisión?

¿Quién controla a los agentes que tienen el poder de detener?

¿Cómo se investigan las denuncias de tortura?

¿Quién protege a jueces, periodistas y defensores de derechos humanos?

¿Y qué ocurre cuando una medida excepcional se prolonga durante años?

Estas preguntas son importantes precisamente porque la lucha contra el crimen puede contar con un enorme respaldo social.

Una transformación que todavía está escribiendo su historia

Cuatro años después del comienzo de la ofensiva contra las pandillas, El Salvador es un país diferente.

El miedo provocado por las maras ha disminuido de manera extraordinaria y millones de personas disfrutan de una libertad cotidiana que durante años parecía imposible.

Pero la historia no termina ahí.

El verdadero desafío será demostrar que un país puede ser seguro sin dejar de ser un Estado de derecho.

La seguridad y los derechos humanos no deberían presentarse como enemigos inevitables.

Una sociedad necesita ambas cosas.

Porque si antes la pregunta era cómo recuperar las calles de manos de las pandillas, ahora aparece una pregunta todavía más difícil:

¿cómo conservar esas calles seguras sin permitir que el miedo cambie simplemente de dueño?

Esa será una de las pruebas más importantes del legado de Nayib Bukele.