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La política migratoria de la administración de Donald Trump ha impulsado un lucrativo negocio para ciertas empresas privadas en Estados Unidos. Dos compañías en particular, GEO Group y CoreCivic, han obtenido contratos millonarios para operar centros de detención de inmigrantes, beneficiándose directamente de las medidas de deportación masiva implementadas por el gobierno.​

GEO Group y CoreCivic: los gigantes de la detención migratoria
GEO Group y CoreCivic son las principales empresas privadas que administran centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Ambas compañías han firmado contratos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), asegurándose ingresos diarios por cada persona detenida bajo custodia migratoria. ​

Estas empresas operan más del 70% de los centros de detención migratoria en el país, y su modelo de negocio les permite cobrar al gobierno una tarifa diaria por cada inmigrante recluido en sus instalaciones. Incluso en ocasiones donde las instalaciones no están completamente ocupadas, las compañías reciben pagos garantizados, lo que ha generado críticas por priorizar el lucro sobre el bienestar de los inmigrantes.​

Controversias y denuncias
Además del negocio en expansión, las condiciones dentro de los centros de detención administrados por GEO Group y CoreCivic han sido objeto de fuertes denuncias. Diversos informes han expuesto casos de sobrepoblación, falta de atención médica adecuada y condiciones de reclusión consideradas inhumanas por organismos de derechos humanos y congresistas estadounidenses. ​

Las quejas se acumulan desde hace años, y aunque han sido objeto de audiencias y promesas de reforma, las mejoras han sido limitadas. Las empresas, sin embargo, continúan firmando contratos y operando como actores centrales en el sistema de control migratorio del país.​

Expansión y ganancias
El endurecimiento de la política migratoria bajo Trump ha funcionado como un catalizador para expandir la industria del confinamiento privado. Ambas empresas han obtenido ingresos sustanciales gracias a contratos que les aseguraban un pago por cada persona detenida. Este modelo de operación ha sido severamente criticado por organizaciones de derechos humanos que consideran que se priorizó el lucro sobre el bienestar de los inmigrantes.​

A pesar de las críticas sostenidas y los intentos de ciertos sectores políticos por cancelar los contratos, GEO Group y CoreCivic mantienen su presencia gracias a alianzas estratégicas con gobiernos locales y federales. Su capacidad de adaptación a los cambios en la política migratoria les ha permitido sostener su influencia incluso después de la salida de Trump del poder.​

La relación entre las políticas de deportación de la administración Trump y el negocio de las empresas privadas como GEO Group y CoreCivic plantea serias preguntas sobre la ética y la motivación detrás de las medidas migratorias. Mientras estas compañías continúan beneficiándose económicamente, las condiciones de los inmigrantes detenidos y los principios de derechos humanos siguen siendo motivo de preocupación y debate en la sociedad estadounidense