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Durante años, México ha dependido profundamente del gas natural proveniente de Texas para mantener en funcionamiento gran parte de su industria, plantas eléctricas y actividad económica. Sin embargo, esa dependencia energética se ha convertido en una preocupación estratégica para el nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, que ahora impulsa una controversial alternativa: el fracking.

Actualmente, gran parte del gas natural que consume México llega a través de gasoductos conectados con el sur de Estados Unidos, especialmente desde Texas, donde la producción energética ha crecido enormemente en las últimas décadas gracias a la explotación de yacimientos no convencionales.

Este modelo permitió a México acceder a gas relativamente barato y abundante, fortaleciendo sectores industriales y ayudando a mantener costos energéticos competitivos. Sin embargo, también dejó al país vulnerable frente a crisis externas, interrupciones de suministro o cambios políticos y comerciales en Estados Unidos.

Eventos recientes, como tormentas invernales en Texas que afectaron el flujo de gas hacia territorio mexicano, encendieron las alarmas sobre el nivel de dependencia energética. La situación evidenció que una interrupción en el suministro estadounidense puede generar apagones, pérdidas económicas y presión sobre la infraestructura nacional.

Ante este escenario, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha comenzado a impulsar una estrategia orientada a aumentar la producción nacional de gas. Y en el centro del debate aparece el fracking, una técnica de extracción hidráulica que divide opiniones tanto en el ámbito económico como ambiental.

Los defensores del fracking argumentan que México posee importantes reservas de gas que podrían reducir considerablemente la dependencia del extranjero y fortalecer la soberanía energética del país. Además, sostienen que explotar esos recursos generaría empleos, inversión y mayor estabilidad en el suministro interno.

Pero la técnica también enfrenta fuertes críticas. Organizaciones ambientales y comunidades locales advierten sobre posibles riesgos relacionados con el consumo de agua, contaminación de acuíferos, emisiones contaminantes y afectaciones a ecosistemas. El tema se ha convertido en un delicado equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.

La apuesta de Claudia Sheinbaum resulta especialmente llamativa debido a que históricamente sectores políticos cercanos al oficialismo habían mostrado reservas frente al fracking. Ahora, la necesidad de garantizar seguridad energética parece estar modificando algunas posiciones.

Mientras tanto, expertos señalan que lograr una verdadera “independencia” energética no será sencillo ni inmediato. La infraestructura, inversión y tecnología necesarias para aumentar la producción nacional representan enormes desafíos.

Lo cierto es que el debate ya está abierto: ¿debe México seguir dependiendo del gas de Texas o asumir los riesgos del fracking para buscar autonomía energética? La respuesta podría definir el futuro económico y ambiental del país durante las próximas décadas.