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Una promesa de US$5.000 para cada adulto estadounidense ha puesto nuevamente sobre la mesa una pregunta que va mucho más allá de la política: ¿puede un presidente prometer dinero a los ciudadanos a cambio de que su partido gane unas elecciones?

Donald Trump anunció el 9 de septiembre, durante la convención republicana celebrada en Dallas, que entregaría un pago de US$5.000 a cada ciudadano adulto si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado después de las elecciones de noviembre.

Trump bautizó la propuesta como el “Trump Dividend”, o “dividendo Trump”, y aseguró que estaría relacionado con el supuesto éxito económico de su administración. También indicó que el dinero tendría que gastarse dentro de Estados Unidos.

Pero hay un detalle fundamental: Trump no puede simplemente ordenar que se envíen esos cheques.

¿Es ilegal prometer el dinero?

En principio, hacer la promesa no es ilegal.

La diferencia está en que Trump no está ofreciendo US$5.000 exclusivamente a las personas que voten por él o por un candidato republicano.

Su propuesta, tal como fue presentada, consiste en entregar el dinero a los adultos estadounidenses si los republicanos consiguen mantener el control de ambas cámaras del Congreso.

Es decir, una persona podría votar por los demócratas, por un candidato independiente o incluso no votar y, bajo la propuesta, recibir igualmente el dinero si finalmente se cumplen las condiciones anunciadas.

Por esa razón, expertos legales consultados por medios estadounidenses consideran que la promesa no equivale jurídicamente a pagar a una persona a cambio de su voto. Se trataría de una promesa política cuya ejecución requeriría posteriormente una decisión legislativa.

La Constitución y la jurisprudencia estadounidense ofrecen además protección amplia a las promesas realizadas durante campañas electorales.

Eso no significa que la propuesta sea automáticamente viable.

El presidente no tiene una cuenta de US$1,3 billones para repartir

Aquí aparece el principal obstáculo.

Entregar US$5.000 a unos 240 millones de adultos estadounidenses costaría aproximadamente US$1,2 billones. Otras estimaciones, dependiendo de quiénes fueran elegibles, sitúan el costo alrededor de US$1,3 billones.

Y ese dinero tendría que salir de alguna parte.

Trump no explicó durante su anuncio cómo se financiaría el programa.

El vicepresidente JD Vance ha sugerido que los ingresos procedentes de los aranceles podrían utilizarse para financiar los pagos y que los estadounidenses de mayores ingresos podrían quedar excluidos. Pero los ingresos actuales por aranceles están muy lejos de generar, por sí solos, una cantidad suficiente para cubrir anualmente un programa de semejante magnitud.

Por eso, el plan probablemente requeriría utilizar recursos presupuestarios adicionales o aumentar el endeudamiento federal.

¿Puede Trump hacerlo sin el Congreso?

Este es probablemente el punto jurídico más importante.

No puede crear unilateralmente un nuevo programa federal de pagos de esta magnitud.

El Congreso tendría que autorizar el gasto.

Existen precedentes recientes. Durante la pandemia de COVID-19, tanto la administración de Trump como posteriormente la de Joe Biden enviaron cheques de estímulo a millones de estadounidenses, pero esos pagos fueron autorizados por leyes aprobadas por el Congreso.

Lo mismo ocurrió con otros programas de beneficios económicos.

Por tanto, aunque Trump pueda hacer la promesa durante una campaña, convertirla en realidad requeriría que el Congreso aprobara la legislación correspondiente.

¿Y si los republicanos ganan las dos cámaras?

Precisamente ahí está la condición que Trump estableció.

El presidente dijo que el pago se produciría si los republicanos ganan tanto la Cámara de Representantes como el Senado en las elecciones de noviembre.

Con ambas cámaras bajo control republicano, Trump tendría un camino legislativo potencialmente más sencillo.

Los republicanos podrían intentar aprobar el programa mediante el proceso de reconciliación presupuestaria, que permite aprobar determinadas medidas fiscales y de gasto con una mayoría simple en el Senado y evita el filibusterismo tradicional.

Pero incluso en ese escenario existirían importantes obstáculos.

Los republicanos tendrían que ponerse de acuerdo sobre quién recibe el dinero, cuánto cuesta, cómo se financia y qué consecuencias tendría para el déficit y la deuda.

¿De dónde saldrían los US$5.000?

Esta es una de las grandes preguntas que todavía no tiene respuesta.

Trump ha vinculado el dividendo con los ingresos generados por los aranceles.

La administración argumenta que las tarifas han generado importantes cantidades de dinero para el gobierno federal.

El problema es que los números no parecen encajar fácilmente.

Si el programa costara alrededor de US$1,2 billones y los ingresos arancelarios no alcanzaran para cubrir esa cantidad en un solo año, habría que buscar otras fuentes de financiación.

Eso podría significar recortar otros gastos, aumentar impuestos, utilizar otros ingresos federales o pedir dinero prestado.

En este último caso, el “dividendo” terminaría aumentando todavía más la deuda pública.

¿Podría provocar más inflación?

También existe una preocupación económica.

Un cheque de US$5.000 para cientos de millones de adultos pondría una enorme cantidad de dinero adicional en manos de los consumidores.

Si buena parte de ese dinero se gastara rápidamente, podría aumentar la demanda de bienes y servicios.

Y si la producción no pudiera crecer al mismo ritmo, los precios podrían subir.

Economistas citados por Reuters han advertido que una inyección fiscal de esa magnitud podría aumentar las presiones inflacionarias y elevar los costos de financiación del gobierno.

El efecto final dependería, entre otras cosas, de cómo se financiara el programa y de la situación económica en el momento de realizar los pagos.

¿Es realmente un “dividendo”?

Trump presenta la propuesta como un dividendo generado por el éxito económico de Estados Unidos.

La comparación es sencilla: una empresa obtiene ganancias y distribuye parte de ellas entre sus accionistas.

Pero existe una diferencia fundamental.

El gobierno federal no es una empresa y los ciudadanos no son accionistas en el sentido financiero del término.

El dinero recaudado mediante impuestos y aranceles pertenece al presupuesto federal y su utilización está sometida a las leyes aprobadas por el Congreso.

Por eso, el nombre “dividendo Trump” tiene principalmente una función política y comunicativa.

No es la primera vez que Trump propone un pago directo

Trump ya había planteado otras ideas similares.

En 2025 habló de un posible dividendo de US$2.000 financiado mediante ingresos arancelarios. También respaldó la idea de un llamado “DOGE dividend”, basado en supuestos ahorros derivados de la reducción del gasto federal.

Esas propuestas anteriores no se materializaron como pagos generales para la población.

En cambio, en 2025 sí se distribuyó un pago de US$1.776 a miembros de las Fuerzas Armadas, presentado como “warrior dividend”, aunque ese programa tuvo una estructura y una fuente presupuestaria diferentes.

¿Es una forma de comprar votos?

Aquí se encuentra la parte más polémica.

Los críticos argumentan que anunciar miles de dólares en plena campaña puede influir en los votantes y que vincular el pago con una victoria republicana tiene una clara intención electoral.

Pero existe una diferencia legal importante entre intentar persuadir a los ciudadanos mediante una promesa política y ofrecer dinero directamente a una persona a cambio de que vote de una determinada manera.

En el caso de Trump, el dinero no está condicionado a demostrar que alguien votó republicano.

Por eso, los expertos citados por Reuters y otros medios no consideran que la propuesta, tal como ha sido formulada, constituya automáticamente un soborno electoral.

Eso no elimina el debate ético.

Una promesa de US$5.000 puede tener una enorme capacidad para influir en el comportamiento de los votantes, especialmente en un momento en que muchas familias enfrentan dificultades económicas.

La promesa es legal; cumplirla es otra historia

La distinción puede resumirse de una manera sencilla:

Trump puede prometer el dividendo. Pero no puede garantizar por sí solo que el dividendo exista.

Para que los cheques lleguen realmente a los ciudadanos tendría que aprobarse una ley, determinarse una fuente de financiación y establecerse un mecanismo para distribuir los fondos.

Y todo eso tendría que ocurrir después de las elecciones.

La promesa, por tanto, no equivale a tener US$5.000 esperando en una cuenta bancaria.

Una elección y una enorme incógnita económica

El anuncio llega en un momento especialmente importante para los republicanos.

Trump ha convertido las elecciones de noviembre en una prueba de respaldo a su administración y ahora está ofreciendo una propuesta económica extraordinariamente llamativa.

Si los republicanos conservan el control del Congreso, el proyecto podría convertirse en una de las primeras grandes batallas presupuestarias de la nueva legislatura.

Si pierden alguna de las cámaras, sus posibilidades de aprobarlo disminuirían considerablemente.

En cualquier caso, la pregunta central seguirá siendo la misma:

¿quién pagará la cuenta?

Porque entregar US$5.000 a cada adulto estadounidense puede sonar sencillo desde un escenario político.

Pero convertir una promesa electoral en un programa federal de más de un billón de dólares requiere algo mucho más complicado que un discurso: una ley, una fuente de financiación y el respaldo del Congreso.