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En un nuevo giro en su política migratoria, el gobierno de Donald Trump ha emitido una orden para que miles de migrantes que ingresaron legalmente a EE.UU. mediante la aplicación CBP One abandonen el país de forma inmediata. La decisión afecta principalmente a solicitantes de asilo de Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua y países del Triángulo Norte, quienes fueron admitidos bajo mecanismos humanitarios durante el gobierno anterior.

La medida ha generado conmoción entre las comunidades migrantes, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, que denuncian una ruptura del debido proceso y una amenaza directa a la seguridad de quienes confiaron en un canal legal ofrecido por el propio sistema migratorio estadounidense.

¿Qué es CBP One y cómo funcionaba?
CBP One es una aplicación oficial del gobierno de EE.UU. lanzada en 2023 para agilizar procesos de entrada legal en la frontera sur. A través de ella, migrantes podían agendar citas para presentarse en los puertos de entrada y solicitar asilo o parole humanitario, evitando cruces irregulares.

Bajo la administración Biden, la app se convirtió en una herramienta clave para gestionar flujos migratorios de manera más ordenada y segura, y fue usada por decenas de miles de personas, especialmente en la frontera con México.

¿Qué cambia ahora con la nueva orden?
El memorando emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por orden directa del presidente Trump, revoca el estatus de ingreso condicional otorgado mediante CBP One a partir del 1 de julio de 2025.

Las personas afectadas recibirán notificaciones de remoción inmediata y deberán:

Abandonar el país en un plazo de 15 días, o

Enfrentar detención y deportación forzosa bajo procedimientos acelerados.

Según la administración, esta medida responde a “una revisión del uso indebido de herramientas digitales para eludir las leyes migratorias tradicionales” y busca “reestablecer el control pleno de las fronteras”.

Reacciones legales y sociales
Organizaciones como ACLU, Human Rights First y la Red Nacional de Jornaleros calificaron la medida como “inhumana, arbitraria y legalmente cuestionable”. Varios abogados migratorios han interpuesto recursos legales urgentes para suspender las expulsiones, alegando que los migrantes actuaron bajo reglas claras y legales al ingresar al país con CBP One.

"El gobierno no puede cambiar las reglas del juego con efecto retroactivo. Estas personas confiaron en un proceso legal y ahora se ven criminalizadas por ello", expresó Linda Torres, abogada de inmigración en Texas.

¿Quiénes son los más afectados?
Familias con niños que recibieron parole humanitario.

Solicitantes de asilo con procesos pendientes pero sin fecha de audiencia.

Personas que ingresaron por CBP One y aún esperan permiso de trabajo o protección temporal.

Migrantes que ya estaban integrados en comunidades y con empleo informal.

Muchos de ellos enfrentan riesgos de persecución, pobreza extrema o violencia en sus países de origen, lo que ha encendido las alarmas de organismos internacionales.

Trump defiende su decisión
En declaraciones desde la Casa Blanca, Trump defendió la medida como parte de su estrategia para “recuperar el control total de las fronteras”.
"CBP One fue un invento de los demócratas para abrir las puertas a millones. Vamos a corregir eso. Entraron mal, se van. Punto."

Conclusión: ¿retroceso o ruptura legal?
La orden de expulsar a migrantes admitidos con CBP One marca un cambio radical en el uso de la tecnología como herramienta de gestión migratoria, y pone en jaque la confianza de miles de personas que apostaron por un camino legal.

Mientras las cortes comienzan a revisar los casos y crecen las protestas sociales, lo que está en juego es más que una app: es el respeto al proceso legal, la coherencia institucional y la promesa de que en EE.UU. el derecho importa.