NoticiasAmerica Latina

El sistema penitenciario de Ecuador vuelve a estar bajo la lupa internacional tras un fin de semana de horror en el que 27 reclusos fueron hallados ahorcados en distintos pabellones del Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, una de las prisiones más grandes y peligrosas del país.

Las autoridades calificaron el hecho como “una tragedia sin precedentes” y no descartan que se trate de una serie de asesinatos coordinados entre bandas criminales que operan dentro del sistema carcelario.

Un patrón que se repite

El domingo por la mañana, agentes penitenciarios encontraron los primeros cuerpos colgados en celdas individuales y áreas comunes.
Horas más tarde, la cifra aumentó drásticamente, alcanzando los 27 muertos confirmados y más de 40 heridos.

Según el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), los hechos ocurrieron durante una disputa entre grupos vinculados al narcotráfico, que buscan el control de los pabellones tras el traslado de varios líderes a otras cárceles del país.

“No fueron suicidios colectivos. Se trató de ajustes de cuentas entre bandas que actúan con total impunidad dentro de los centros penitenciarios”, declaró un funcionario del SNAI bajo condición de anonimato.

El dominio del crimen organizado

Las cárceles ecuatorianas se han convertido en epicentros del narcotráfico y la violencia, dominadas por facciones criminales como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, que mantienen alianzas con carteles internacionales, especialmente de México y Colombia.

“El Estado perdió el control hace tiempo. Las cárceles son gobernadas por las bandas; la policía solo entra a recoger los cuerpos”, señaló el analista de seguridad Fernando Carrión, de la Universidad Andina Simón Bolívar.

En los últimos cuatro años, más de 500 presos han muerto en enfrentamientos dentro de prisiones ecuatorianas, muchos de ellos mutilados o incinerados.

Reacción del gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum (tras el acuerdo de cooperación binacional con Ecuador) y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa condenaron los hechos, calificándolos de “acto de barbarie”.

El gobierno declaró estado de emergencia en el sistema penitenciario, ordenó el despliegue de militares para retomar el control de las cárceles y anunció investigaciones internas por negligencia.

“El Estado no permitirá que las mafias sigan dictando las reglas desde las prisiones. Esto no quedará impune”, afirmó Noboa en cadena nacional.

Aun así, organizaciones de derechos humanos advierten que el uso de la fuerza militar no resuelve el problema estructural, sino que lo agrava.

Un sistema colapsado

Ecuador cuenta con 36 centros penitenciarios que albergan a más de 38.000 presos, aunque su capacidad total es de apenas 28.000.
El hacinamiento, la corrupción y la falta de personal capacitado han convertido las cárceles en verdaderas bombas de tiempo.

El informe de la Defensoría del Pueblo revela que por cada 25 reclusos hay solo un agente penitenciario, y que en muchas prisiones los guardias carecen de equipos básicos de protección.

“Es un sistema abandonado por el Estado. La cárcel no rehabilita, solo multiplica la violencia”, dijo Gina Benavides, exdefensora del pueblo.

El trasfondo: crimen y poder

Analistas coinciden en que la violencia carcelaria es una extensión del conflicto por el control del narcotráfico que se libra en las calles.
Ecuador, antes considerado un país de tránsito, se ha convertido en un punto estratégico del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Las prisiones funcionan como centros de mando desde donde se ordenan secuestros, asesinatos y extorsiones.
Las bandas incluso financian campañas políticas y sobornan autoridades penitenciarias, según informes de inteligencia.

Voces desde adentro

Familiares de los reclusos se concentraron afuera del penal de Latacunga exigiendo respuestas.
Muchos aseguran que los presos pidieron ayuda días antes de la tragedia, pero las autoridades ignoraron sus llamados.

“Nos decían que estaban amenazados, que los iban a colgar si no pagaban por protección. Nadie hizo nada”, contó entre lágrimas María Quishpe, madre de uno de los fallecidos.

Videos difundidos en redes sociales mostraron escenas de pánico dentro del penal, con presos gritando y cuerpos colgando de las barandas, imágenes que han estremecido al país.

Un reflejo de una crisis nacional

La nueva matanza carcelaria refleja la fragilidad del Estado ecuatoriano ante el poder del crimen organizado.
A pesar de las promesas de reforma, las prisiones siguen siendo terreno fértil para la violencia, la corrupción y la impunidad.

“Ecuador se enfrenta a un desafío existencial: o recupera el control de sus cárceles o las cárceles terminarán controlando al país”, advirtió el politólogo Simón Espinosa.

Un país en busca de justicia

Mientras las familias lloran a sus muertos, el gobierno promete “mano dura” y reformas estructurales.
Pero para muchos, el problema va más allá de la seguridad: se trata de una crisis moral y social que refleja la ausencia de oportunidades, la pobreza y la descomposición institucional.

“Cada cuerpo ahorcado representa una falla del Estado”, concluyó Benavides.
“No murieron solo 27 presos: murió una parte de la justicia ecuatoriana.”