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México vuelve a estremecerse ante un crimen político que revela, una vez más, la vulnerabilidad de los funcionarios locales frente al poder del narcotráfico.
El asesinato de Carlos Manzo, alcalde del municipio de San Pedro Huamelula, en el estado de Oaxaca, ha desatado indignación nacional no solo por la brutalidad del ataque, sino porque el propio alcalde había solicitado protección al gobierno federal y estatal semanas antes de ser ejecutado.

“Nos están matando y el gobierno guarda silencio”, había dicho Manzo en una entrevista reciente, advirtiendo sobre la presencia de grupos armados que operaban libremente en su región.

Un ataque planeado

Carlos Manzo fue asesinado la noche del lunes mientras se desplazaba en su camioneta oficial por una carretera secundaria.
Hombres armados dispararon más de 20 veces contra el vehículo, según reportes de la Fiscalía de Oaxaca.
El alcalde murió en el acto; su escolta resultó gravemente herido.

Fuentes locales indicaron que el crimen ocurrió a solo tres kilómetros de la comandancia municipal, en una zona controlada por organizaciones dedicadas al tráfico de armas y drogas.

“Este no fue un ataque casual. Lo estaban esperando”, dijo un funcionario de seguridad bajo condición de anonimato.

¿Quién era Carlos Manzo?

Manzo, de 44 años, era abogado, padre de tres hijos y militante de Morena, el partido oficialista.
Había asumido la alcaldía de San Pedro Huamelula en 2021, una zona rural marcada por la pobreza y la violencia, donde el crimen organizado controla desde la tala ilegal hasta el tráfico de migrantes.

Durante su gestión, impulsó programas de desarrollo comunitario, rehabilitación de caminos rurales y creación de cooperativas agrícolas.
Pero también había denunciado públicamente la infiltración de grupos criminales en la región y la falta de respuesta del gobierno estatal.

“Nos dejaron solos. La policía municipal no puede con el poder del narco. Pedimos ayuda, pero nunca llegó”, declaró en una entrevista con medios locales hace apenas tres semanas.

Un llamado ignorado

En junio, Carlos Manzo envió una carta formal al gobierno de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, solicitando apoyo federal en materia de seguridad.
El documento, revelado tras su muerte, alertaba sobre amenazas directas que había recibido por parte de grupos armados vinculados a un cártel local.

“Si algo me pasa, que quede constancia de que lo advertí”, escribió en el oficio.

La carta fue recibida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero nunca obtuvo respuesta oficial.

Ahora, tras su asesinato, la oficina presidencial expresó “consternación y compromiso de justicia”, aunque los familiares del alcalde consideran que la tragedia pudo haberse evitado.

Violencia política en aumento

El crimen de Carlos Manzo se suma a una ola de asesinatos de alcaldes, candidatos y funcionarios locales en todo México.
De acuerdo con el informe de Integralia Consultores, en lo que va del año más de 30 autoridades municipales han sido asesinadas en ataques relacionados con el crimen organizado.

“Los alcaldes son el eslabón más débil del sistema político mexicano. Están solos frente a estructuras criminales con poder económico, militar y político”, explica el politólogo Ernesto López Portillo.

La situación es particularmente grave en estados como Guerrero, Michoacán, Veracruz y Oaxaca, donde los grupos delictivos disputan el control territorial y buscan infiltrar gobiernos locales.

Un silencio que duele

La muerte de Manzo ha generado un profundo malestar entre los alcaldes de todo el país, que exigen al gobierno federal un plan integral de protección para autoridades municipales.

“Carlos fue valiente al denunciar. Lo mataron por no callar. Y si el Estado no protege a los suyos, ¿qué esperanza queda para los demás?”, expresó Mariana Torres, alcaldesa de otro municipio oaxaqueño.

Vecinos de San Pedro Huamelula organizaron una vigilia frente al palacio municipal, donde colocaron velas, fotografías y pancartas con un mensaje claro:
“Pidió ayuda. No lo escucharon.”

Investigación en curso

La Fiscalía General de Oaxaca informó que ya se abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y crimen organizado.
Hasta el momento, no hay detenidos, aunque las autoridades aseguran tener “líneas sólidas” sobre los autores materiales e intelectuales.

El presidente López Obrador lamentó los hechos y prometió justicia, mientras la oposición acusa al gobierno de minimizar la crisis de seguridad que afecta a las autoridades locales.

“Este asesinato refleja la impunidad con la que operan los cárteles y la indiferencia de las instituciones”, afirmó el senador Damián Zepeda.

Un país que sigue llorando a sus líderes locales

La historia de Carlos Manzo resume la tragedia que viven cientos de municipios mexicanos: funcionarios que, entre la corrupción y el miedo, intentan gobernar en medio de la violencia sin protección real del Estado.

“Carlos no fue un mártir político. Fue un servidor público que creyó que su voz podía hacer la diferencia”, dijo su hermano durante el funeral.

Mientras las investigaciones avanzan lentamente, su nombre se suma a la larga lista de líderes asesinados por atreverse a enfrentar al crimen organizado, en un país donde la justicia llega —si llega— demasiado tarde.