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La justicia federal de Estados Unidos amplió los cargos contra el exmandatario venezolano y su esposa, a quienes acusa de participar en un sistema de represión que habría utilizado torturas contra opositores políticos y ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Nueva York vuelve a convertirse en el centro de una de las investigaciones judiciales más importantes relacionadas con el antiguo gobierno venezolano. El jueves 8 de octubre de 2026, fiscales federales estadounidenses anunciaron nuevos cargos contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por presuntamente conspirar para cometer actos de tortura contra detenidos, incluidos ciudadanos de Estados Unidos.

La nueva acusación fue presentada ante un tribunal federal de Manhattan y amplía el proceso penal que ambos enfrentan en territorio estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico y las armas. Según los fiscales, las presuntas torturas habrían formado parte de una estructura de represión destinada a silenciar a los adversarios políticos y conservar el poder. .

Las nuevas acusaciones contra Maduro y su esposa

De acuerdo con el documento judicial, Maduro habría autorizado y supervisado un sistema que recurría a detenciones arbitrarias, violencia y torturas contra personas consideradas amenazas para su gobierno. La acusación sostiene que estas prácticas no se limitaron a ciudadanos venezolanos, sino que también afectaron a estadounidenses detenidos durante diferentes episodios de tensión entre Caracas y Washington.

Entre los métodos de abuso descritos por los fiscales figuran descargas eléctricas, golpes, asfixia, aislamiento prolongado y amenazas contra familiares de los prisioneros. El documento también menciona presuntos actos de violencia sexual y otras formas de maltrato físico y psicológico.

En el caso de Cilia Flores, los fiscales sostienen que habría colaborado en el desarrollo de ese sistema de represión y participado en decisiones relacionadas con determinados detenidos. Estas afirmaciones forman parte de la acusación formal y deberán ser examinadas durante el proceso judicial.

Las autoridades estadounidenses consideran que los presuntos abusos tenían como finalidad castigar a los opositores, obtener información y mantener el control político mediante el miedo.

Ciudadanos estadounidenses entre las presuntas víctimas

Uno de los aspectos más delicados del caso es la inclusión de ciudadanos estadounidenses entre las personas que, según la acusación, sufrieron torturas mientras permanecían bajo custodia de las autoridades venezolanas.

El documento judicial describe varios episodios de presuntos abusos contra tres ciudadanos de Estados Unidos. En uno de los casos, un detenido habría sido golpeado, sometido a descargas eléctricas y obligado a ingerir su propio vómito durante su encarcelamiento.

Otro ciudadano habría sufrido lesiones graves que requirieron una prolongada hospitalización. Posteriormente, presuntamente fue sometido a nuevas agresiones durante su traslado y permanencia en prisión.

Un tercer estadounidense habría permanecido esposado y con los ojos cubiertos mientras recibía golpes reiterados durante aproximadamente dos días. Según los fiscales, las agresiones le provocaron una lesión permanente en un ojo.

Las identidades de estas personas no aparecen reveladas de manera directa en la acusación. Sin embargo, los detalles incluidos en el documento relacionan los casos con detenciones ocurridas durante distintos momentos de la crisis política venezolana.

Para Washington, estos episodios añaden una dimensión especialmente sensible al proceso, debido a que las presuntas víctimas no solo habrían sufrido abusos durante su detención, sino que también podrían haber sido utilizadas como instrumentos de presión en las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Un proceso judicial que se suma a los cargos por narcotráfico

Las nuevas acusaciones se incorporan a un caso penal que ya incluía señalamientos relacionados con el narcotráfico, la importación de cocaína y delitos vinculados con armas.

Maduro y Flores fueron capturados en Caracas por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 y trasladados a Estados Unidos para responder ante la justicia. Ambos permanecen detenidos mientras avanzan los procedimientos judiciales.

En el proceso anterior, los dos se declararon inocentes de los cargos presentados en su contra. La defensa de Maduro ha rechazado las acusaciones y sostiene que el exmandatario espera tener la oportunidad de defenderse ante un tribunal.

La nueva imputación amplía el alcance del caso al incorporar formalmente la presunta conspiración para cometer torturas. No obstante, la presentación de cargos no equivale a una condena: la fiscalía deberá demostrar sus afirmaciones mediante las pruebas admitidas en el proceso.

La defensa y las dificultades legales de Cilia Flores

La situación judicial de Cilia Flores también ha generado atención por sus solicitudes relacionadas con su estado de salud. Su equipo legal había pedido que se le permitiera salir de prisión para recibir tratamiento médico, argumentando que necesita atención especializada.

Sin embargo, el juez federal Alvin Hellerstein rechazó la petición de libertad presentada por su defensa durante una audiencia celebrada el 8 de octubre. Los fiscales se opusieron a la solicitud al considerar que existía un riesgo significativo de fuga.

La audiencia coincidió con el anuncio de los nuevos cargos, lo que añadió otro elemento de presión sobre la situación legal de la pareja.

Por ahora, el proceso deberá determinar qué responsabilidad individual puede atribuirse a cada acusado y si las pruebas respaldan los señalamientos formulados por el Gobierno estadounidense.

Las repercusiones para Venezuela y sus relaciones con Estados Unidos

El caso tiene implicaciones que van más allá de los tribunales. Las acusaciones vuelven a colocar en el centro del debate internacional las denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante los años de gobierno de Maduro.

Organizaciones internacionales y organismos de derechos humanos han documentado previamente denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y persecución de opositores en Venezuela. Sin embargo, las nuevas imputaciones representan un procedimiento penal específico que deberá resolverse conforme a las normas judiciales estadounidenses.

La inclusión de ciudadanos estadounidenses entre las presuntas víctimas también podría influir en las discusiones sobre la protección consular, las detenciones de extranjeros y el uso de prisioneros como instrumentos de negociación política.

Al mismo tiempo, el caso plantea preguntas sobre el alcance de la justicia estadounidense cuando se investigan presuntos delitos cometidos fuera de su territorio, especialmente cuando las víctimas son ciudadanos estadounidenses y los acusados son antiguos dirigentes extranjeros.

Un caso que todavía debe resolverse

Las nuevas acusaciones contra Nicolás Maduro y Cilia Flores abren otro capítulo en un proceso judicial que combina señalamientos de narcotráfico, presuntos abusos de poder y graves denuncias de violaciones de derechos humanos.

Para los fiscales, los nuevos cargos permitirán examinar presuntos actos de tortura contra opositores venezolanos y ciudadanos estadounidenses. Para la defensa, el proceso representa una oportunidad de cuestionar las pruebas y responder a las acusaciones ante la justicia.

El desenlace dependerá de las evidencias que se presenten, los argumentos de ambas partes y las decisiones del tribunal. Hasta que exista una sentencia, ambos acusados conservan la presunción de inocencia respecto de los nuevos cargos.