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El presidente de Perú, José Jerí, anunció este lunes la declaración de estado de emergencia por 30 días en las provincias de Lima y Callao, tras el alarmante incremento de los delitos violentos y la percepción de inseguridad ciudadana en la capital del país.

La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, suspende temporalmente ciertos derechos constitucionales, como la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión, y autoriza la intervención conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para patrullar las calles y reforzar el control del orden interno.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados”

En un mensaje a la nación, Jerí señaló que la decisión responde a la escalada de violencia, sicariato y robos que en las últimas semanas han conmocionado al país.

“El miedo no puede seguir gobernando nuestras calles. Este Gobierno no se quedará de brazos cruzados mientras los ciudadanos viven con temor. Recuperaremos la paz y la confianza”, afirmó el mandatario desde Palacio de Gobierno.

El presidente también pidió a la población colaborar con las autoridades, y subrayó que las operaciones estarán “bajo estricta supervisión del Ministerio del Interior” para evitar abusos o excesos durante los operativos.

Una capital golpeada por el crimen

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 73% de los limeños afirma sentirse inseguro al salir de casa, y los delitos más frecuentes son el robo al paso, el hurto de celulares, la extorsión y los ataques con armas de fuego.

El distrito de San Juan de Lurigancho, uno de los más poblados del país, ha sido epicentro de varios ataques en las últimas semanas, incluyendo explosiones en negocios y asesinatos vinculados al cobro de “cupos” por parte de organizaciones criminales.

En el Callao, principal puerto del país, las autoridades registran un repunte en los homicidios por encargo y en el tráfico de drogas, delitos asociados a bandas transnacionales que operan desde esa zona costera.

Reacciones políticas y ciudadanas

La medida ha generado reacciones divididas.
Mientras sectores empresariales y parte de la ciudadanía celebran la decisión como “necesaria y urgente”, algunos líderes políticos y organizaciones de derechos humanos advierten que el estado de emergencia no resolverá las causas estructurales de la violencia.

“El despliegue militar puede reducir temporalmente los delitos, pero no reemplaza políticas sostenibles de seguridad y justicia”, señaló la exdefensora del Pueblo, Beatriz Ramírez.

Coordinación con las Fuerzas Armadas

El ministro del Interior, Luis Aguilar, confirmó que más de 4.000 efectivos policiales y 2.000 militares participarán en operativos conjuntos, con énfasis en puntos críticos como terminales, mercados, zonas comerciales y fronteras urbanas.
También anunció el uso de drones, cámaras de reconocimiento facial y patrullaje aéreo en horarios nocturnos.

“No es una militarización de la ciudad, sino una acción coordinada para devolver el control a las autoridades legítimas”, aseguró Aguilar.

Antecedentes del estado de emergencia

No es la primera vez que Perú aplica esta medida. En años recientes, varios gobiernos recurrieron al estado de emergencia en regiones específicas para combatir el crimen organizado o responder a conflictos sociales, aunque los resultados han sido dispares.

Sin embargo, esta es la primera vez en casi una década que se decreta simultáneamente en Lima y Callao, lo que evidencia la gravedad de la crisis de seguridad.

Un desafío para el nuevo gobierno

Para el presidente José Jerí, que asumió el poder en un contexto político convulso, esta decisión representa una prueba crucial de liderazgo.
El éxito —o fracaso— de la medida podría definir el rumbo de su administración en materia de orden público y confianza ciudadana.

Por ahora, los limeños observan las patrullas mixtas recorrer las calles, esperando que esta vez la promesa de seguridad no se quede solo en el discurso.